Responsabilidad de Pemex por daños del ‘huachicol’

El reportaje de MILENIO del lunes da cuenta del número de emergencias recibidas en PROFEPA los últimos años por tomas clandestinas en ductos que cruzan por el estado y otras entidades. El daño colateral que esta actividad ilícita provoca es inmenso: cientos de hectáreas de uso agrícola contaminadas de manera irreversible, decenas de familias obligadas a abandonar temporal o definitivamente sus hogares y lugares de labor, aparte del daño por otros crímenes y violencias que los acompañan.

El Cartel Santa Rosa de Lima, avecindado en Villagrán, Gto, se dedica al robo y venta de hidrocarburos de PEMEX, así como de droga y al robo de transportistas,y disputa a principal rival, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)por el corredor industrial y agrícola, en los últimos tres años, como bien saben agricultores abajeños.

En la LVII legislatura federal presentamos iniciativa de reforma constitucional, a partir del trabajo académico del Dr. Álvaro Castro, dictaminada hasta 2002 y por la cual se estableció responsabilidad del Estado, en sus tres órdenes de gobierno, por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular causen en los bienes o derechos de los particulares, teniendo los particulares derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Esto ha impactado -no en el nivel deseado-, en la forma en que se toman decisiones al interior del Estado pues obliga a los funcionarios públicos a comprender que los actos y omisiones contrarios al orden jurídico tendrán consecuencias.

La Constitución establece tres características de la responsabilidad estatal: a)Es objetiva y directa, b) deriva de su actividad irregular, y c) da lugar a que los particulares tengan derecho a una indemnización.

El elemento directo permite que los particulares puedan demandar directamente al Estado sin que deban previamente demandar al servidor público que causó el daño, por acción u omisión. Basta con que se pruebe la actuación irregular de la dependencia demandada, y acreditar la existencia de un daño efectivo, evaluable en términos económicos y que esté individualizado; que dicho daño sea imputable al actuar irregular de la administración pública, y la existencia de un nexo causal entre el daño y la actuación irregular.

Estuve cerca de la estrategia gubernamental para prevenir y combatir el huachicol en el Gobierno de Calderón -dirigía PEMEX Jesús Reyes Heroles y yo era Subprocurador en PGR-, sabíamos que el robo inicia dentro de refinerías por funcionarios y empleados cómplices; y dimos seguimiento a protocolos de seguridad y protección civil de sus ductos, incumplidos en administración de Emilio Lozoya, con Peña Nieto.

Se trata de actos propios de la administración que son realizados de manera anormal o ilegal, es decir cuando se realizan “sin atender a las condiciones normativas o los parámetros creados por la propia administración”, lo que incluye realización de una obra o la prestación de un servicio público deficientes por negligencia. Dicha responsabilidad debe reclamarse por la vía administrativa; se trata de un derecho que tiene como objetivo restaurar la integridad del patrimonio afectado mediante una compensación económica por el daño producido. Toca a los ciudadanos conocer y exigir sus derechos y así contribuir a evitar males evitables.