El Poder Judicial nuevamente escala la discusión preexistente invadiendo decisiones del Poder Legislativo, alegando que existe por parte de los jueces un control de convencionalidad que les da manga ancha para tomar partes de la constitución y de las leyes y aplicarlas, y otras no considerarlas en sus resoluciones a capricho.
En respuesta a lo anterior el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están diseñando una iniciativa que sería como “la reforma de la reforma” y que se presentará probablemente el próximo jueves para su votación, a fin de realizar nuevos cambios constitucionales que bloqueen los amparos y demás recursos contrarios a derecho utilizados por la Suprema Corte para impedir cambios constitucionales, realizando una especie de contralegislación judicial.
Lo que se piensa hacer es elevar a rango constitucional algunas leyes secundarias y realizar otros cambios al texto para impedir acciones de invasión legal en contra del Poder Legislativo, estableciendo claramente que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.
Estableciendo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es impugnable, incluyendo su proceso deliberativo y demás actos correlativos, así como aquellos que han servido de ancla para detener los cambios constitucionales y también impedir el uso discrecional de los órganos de justicia, pues ha habido intentos recientes para burlar nuestra tradición constitucional conforme a la cual la Carta Magna es impugnable, sobre todo quitando el de convencionalidad que les da una ambigüedad que utilizan a su favor para torcer las leyes.
Además, ya se preparan juicios políticos en contra de ocho de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, para castigar estas conductas que han violentado la Constitución General de la República y para tratar de que este enfrentamiento se dé por terminado, esperemos que dé resultados.
Por lo pronto los ministros de la Suprema Corte ya exigen aumento de salarios en el nuevo presupuesto 2025, de algo así como cien mil pesos mensuales para cada uno.