Después de un largo enfrentamiento entre el Poder Judicial y los poderes Legislativo y Ejecutivo, que comenzó desde el sexenio pasado, Morena tuvo que esperar, pero cuando finalmente logró la mayoría calificada necesaria para realizar cambios constitucionales pudo aprobar temas como una reforma judicial, corregida, pero con candados legales que impiden los medios de impugnación en contra de leyes ya aprobadas en el congreso.
Esto tiene una lógica, pues las impugnaciones contra leyes aprobadas son una contralegislacion judicial, así la Suprema Corte, con artilugios, trataba de hacer tablas la mayoría calificada. Si las leyes son constitucionales es porque las contempla la Constitución, entonces la lógica es que ningún cambio constitucional puede ser inconstitucional, porque este ya fue revisado y aprobado por las cámaras.
A pesar de ello, el ministro Juan Luis González Alcántara, maestro en torcer las leyes, impulsó un proyecto en el cual planteaba que sólo los ministros de la Suprema Corte, los magistrados del Tribunal Electoral y los magistrados del nuevo tribunal de disciplina fueran electos por voto popular, y proponía que en el caso de los jueces y magistrados de distrito continuaran sujetos al mecanismo escalonado de ascensos de la carrera judicial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo y el Legislativo manifestaron que no aceptarían este proyecto de ninguna manera.
La Suprema Corte de Justicia solo necesitaba ocho votos a favor para dejar firme la sentencia sobre el proyecto presentado y la presidenta de la Suprema Corte confió en que contaba con los votos suficientes para lograr su aprobación.
Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, manifestó que tenían un plan para el caso de que el proyecto de la corte le resultara en un escenario adverso. El presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, declaró que ocho ministros no pueden estar por encima del pueblo de México y acusó a la SCJN de provocar una crisis constitucional.
Pero el día martes de esta semana se presentó al pleno de la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial; se sabía que eran en contra del proyecto los votos de Lenia Batres, Jazmín Esquivel y Loretta Ortiz, pero inesperadamente Alberto Pérez Dayán del bloque de Norma Piña, votó en contra, dejando firme la reforma judicial.
Algunos tildaron de traidor a Pérez Dayán pero en realidad fue una decisión por México, que hay que reconocer.