Forzar a plataformas digitales, como Uber, Rappi, Mercado Libre y Didi, a ofrecer seguridad social a sus repartidores y conductores es una propuesta que, con el tiempo, me ha convencido. Mi postura no es categórica, reconozco que existen poderosos argumentos tanto a favor como en contra. Pero dadas las circunstancias actuales de nuestro país, ahora me inclino a favor de esta medida e incluso considero que puede servir de referencia para otros países.
Estas plataformas emplean a cientos de miles de personas en trabajos que no son regulares ni formales, por lo que no contaban con acceso a seguridad social. Cualquier accidente, problema de salud o contingencia recaía exclusivamente en ellos. Buscar una solución hace sentido y responde a la necesidad del gobierno de encontrar esquemas de aseguramiento social para cubrir al sector informal, el cual abarca a más de la mitad de la población ocupada.
Los argumentos de quienes se oponen a que las plataformas digitales otorguen a sus repartidores y conductores seguridad social, aunque menos evidentes, no dejan de ser contundentes. De entrada, muchos colaboradores buscan en estos trabajos flexibilidad y no quieren estar sujetos a responsabilidades que suelen acompañar a empleos formales. Sus funciones se asemejan más a las de un contratista, similar a un plomero, quienes no son sujetos a beneficios sociales. Más importante aún, obligar a las plataformas a otorgar estas prestaciones encarecería su operación y las llevaría a subir precios y reducir oportunidades de trabajo.
Desde el primero de julio, el gobierno puso en marcha un programa piloto para que estas plataformas inscriban a sus contratistas al IMSS. La medida fue impulsada exitosamente pese a la oposición de fuertes actores del mundo digital. Como vaticinaron los opositores, los efectos negativos no se hicieron esperar. Uber trasladó el incremento de costos a los usuarios con aumentos en sus tarifas de hasta un 7%, argumentando que no busca un beneficio corporativo sino compensar esos gastos adicionales.
Habrá que ver si las tarifas más altas desincentivan el uso de estas plataformas y reducen las oportunidades laborales para los conductores, como también anticipan los opositores. Pero lo que ya es un hecho es que cerca de 350 mil colaboradores de plataformas digitales ya cuentan con acceso a seguridad social, y se espera que esa cifra alcance medio millón en pocos meses. Esto significa un cambio profundo para esas personas y sus familias. Eso sí, el costo son precios mas altos para los usuarios.
Con la nueva regulación, el gobierno de Claudia Sheinbaum se coloca a la vanguardia en la formalización del trabajo digital, y no es imposible que otros países sigan su ejemplo. Sin embargo, esto no basta. En el largo plazo, es indispensable impulsar cambios estructurales que desvinculen la seguridad social del estatus laboral y garanticen su acceso universal, tal como han planteado Santiago Levy y el CEEY.