Hay dos temas que discutir sobre la ocupación de tres tramos de vías de Ferrosur por parte del gobierno de López Obrador: uno de fondo y otro de forma.
Empecemos con el de fondo. La pregunta pertinente aquí es si un posible despojo es de utilidad pública. La Constitución le otorga al Presidente la facultad de revocar una concesión en caso de que se considere que se lleva a cabo por interés nacional. Los ferrocarriles están concesionados y, de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución, “son áreas prioritarias para el desarrollo nacional”.
De todos los megaproyectos de López Obrador del sexenio, el del Corredor Transístmico es el que tiene más potencial. Ofrece una ruta que conecta el océano Pacífico con el Atlántico que puede hacerle competencia al canal de Panamá y disparar el comercio. También puede ayudar a detonar el desarrollo económico en el sur del país. Con los tramos que tomó de Ferrosur (parte de Grupo México), el gobierno pretende controlar la operación integral del tren interoceánico. En otras palabras, puede existir un argumento sobre la utilidad pública de estas vías y, por tanto, de la legalidad de su adjudicación.
Pero aun asumiendo que este sea el caso, la forma en la que el gobierno ha actuado es reprobable. Utilizar elementos de la Marina con armas largas para tomar posesión de las instalaciones genera una pésima imagen. No había necesidad de recurrir a ese despliegue de fuerza.
Aunque en caso de quedarse con las vías técnicamente no sería una expropiación, puesto que forman parte de una concesión, el mensaje que está mandando López Obrador es uno de autoritarismo y falta de certidumbre jurídica. Medios nacionales e internacionales lo han condenado. De hecho, hay quienes piensan que puede poner en riesgo miles de millones de dólares en inversiones o incluso generar controversias en el T-MEC.
Lo ideal es llegar a un acuerdo negociado. Las dos partes dicen estar abiertas. El gobierno insiste que la ocupación es temporal. Pocos le creen. La percepción es que es una estrategia de negociación (por no llamarle extorsión).
Una alternativa que se exploró fue la construcción de una vía paralela a la de Ferrosur con independencia operativa para uso del gobierno. Parecía una buena idea, pero por lo visto al final no le gustó al Presidente.
El precio de 9 mil 500 millones de pesos que pidió Ferrosur en un inicio por las tres vías fue descartado por el gobierno. No tengo los elementos para tomar una postura sobre si era o no razonable; sin embargo, comparado con lo que se ha gastado en construir el Tren Maya, el precio por kilómetro que pedía Ferromex parece una ganga. La última información es que el gobierno ha ofrecido 7 mil mdp. Veremos qué pasa. Lo importante es que sea un precio de mercado.
Por lo general no me gusta que el Estado interfiera en negocios privados (aunque sean concesiones), pero si lo va a hacer, no solo importa el fondo sino la forma.