Desaparecer el Seguro Popular fue sencillo; reemplazarlo no. El Insabi, la propuesta del gobierno de López Obrador para resolver los problemas de salud de la población informal y apuntalarnos hacia un sistema como el de Dinamarca, dejó de existir la semana pasada, apenas tres años después de ser fundado.
Lejos de ser perfecto, el Seguro Popular funcionaba bien. Nada que ver con los comentarios del Presidente de que no era “ni seguro ni popular”. Sí, había varias cosas qué mejorar, pero con 16 años de operación contaba con una base firme para hacer los cambios desde adentro. No había necesidad de eliminarlo.
En su lugar el gobierno creó el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (mejor conocido como Insabi). La intención era proporcionarle a la población sin seguridad social acceso gratuito a medicinas y servicios de salud. Se habló de establecer un sistema de calidad mundial. Nunca se cumplieron las expectativas.
No creo que haya alguien que considere que la calidad de los servicios de salud para la población informal mejoró a raíz del Insabi (tan es así que el gobierno que lo creó decidió enterrarlo). Todo lo contrario. Ejemplos del deterioro hay muchos, ninguno más trágico que las muertes de niños con cáncer por falta de medicamentos.
Algunos incondicionales de la 4T culpan a la pandemia del fracaso. Es obvio que no ayudó, pero está lejos de ser la única o principal responsable. Al final, de sus cortos tres años de vida y pobres resultados, el Insabi deja en el camino un gasto de más de 400 mil millones de pesos y 14 mil millones de pesos pendientes de aclarar, según la Auditoría Superior de la Federación.
Qué bueno que el gobierno reconozca su error y ahora quiera rectificar. El problema es que la nueva solución: asignar al IMSS-Bienestar las responsabilidades del Insabi, no pinta bien. La función del IMSS es otorgar servicios de salud a más de 70 millones de mexicanos derechohabientes, y el IMSS-Bienestar es un programa especial del Instituto. Transferirle los 12 millones de mexicanos que atendía el Insabi puede provocar un conflicto al mezclar una institución cuyo fin es atender a personas que trabajan en la formalidad y financiarse de cuotas, con una cuyo objetivo será darle servicio a los que operan en la informalidad y se financiará con impuestos generales.
Otra preocupación es que la nueva iniciativa herede la falta de capacidad operativa que tuvo el Insabi. De hecho, este es un tema recurrente en la actual administración. El Presidente descalifica a los expertos y desdeña a los tecnócratas. Incluso ha dicho que prefiere que sus funcionarios tengan 90% de honestidad y solo 10% de experiencia. Ahí están los resultados.
El fracaso de la política de salud será un legado que le pesará a López Obrador. Su tendencia de destruir en lugar de aprovechar lo construido y mejorarlo le ha costado caro, pero nada comparado con lo que nos ha costado a los mexicanos.