Volvió a relucir el lenguaje orwelliano del gobierno la semana pasada. Resulta que la lista de comunicadores no afines a la Cuarta Transformación que se presentó en la mañanera no es una “lista”, sino una manera de mostrar “cómo operan las redes sociales”.
El episodio es particularmente desafortunado a la luz de unas declaraciones de la Presidenta en 2021, cuando se pronunció en contra de este tipo de prácticas: “¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo”. En aquella ocasión, aseguró que la 4T no hacía listas de nadie y defendió la libertad de expresión. Cinco años después, tenemos una lista que no es una lista, presentada como evidencia de un supuesto “ecosistema de magnificación digital” impulsado por la derecha para potenciar la desinformación.
Estoy seguro que existan grupos opositores que utilizan bots para difundir información (falsa o no) que perjudique al gobierno. Pero también existen grupos afines al gobierno que amplifican información (verdadera o no) para beneficiarlo. Basta entrar a la transmisión de una mañanera en YouTube para toparse con una avalancha de comentarios, prácticamente todos favorables, en tiempo real. Me cuesta trabajo pensar que todos son producto de ciudadanos espontáneamente entusiasmados. La izquierda tampoco se chupa el dedo.
Es un hecho que las redes sociales y la IA han multiplicado la capacidad de producir y difundir desinformación. También es cierto que algunos medios poco profesionales contribuyen a ello. El problema es que combatir la desinformación sin restringir la libertad de expresión es muy difícil. Cuando el gobierno se convierte en árbitro de lo que es verdadero o falso, el remedio puede ser peor que la enfermedad.
El reciente debate sobre el derecho de réplica es un buen ejemplo. El principio es legítimo: quien sea objeto de información falsa o inexacta debe poder presentar su versión. El problema aparece cuando se convierte en un mecanismo para presionar a los medios, imponer una narrativa oficial o desacreditar a quienes cuestionan al gobierno.
Sheinbaum, para su crédito, ha moderado algunas de las posiciones más agresivas que se plantearon originalmente. Pero lo ocurrido con la “no lista” muestra que los instintos del gobierno frente a la libertad de expresión siguen siendo preocupantes.
Y no es la primera vez que el gobierno recurre a eufemismos o a un lenguaje deliberadamente ambiguo para evitar una palabra incómoda. Cuando el tren Interoceánico se descarriló en julio, la Presidenta dijo que “se movió”. Al fracking se le llama “extracción sustentable”. No es un fenómeno nuevo. Orwell lo llamó newspeak. Así, una guerra contra el narcotráfico deja de ser una “guerra”. Las políticas económicas que antes se calificaban de neoliberales dejan de serlo cuando las aplica un gobierno de izquierda.
Las palabras importan. No porque cambiar una cambie la realidad, sino porque alterarlas deliberadamente puede ayudar a moldearla.