Parece que las pensiones son el único tema de política pública que importa. Apenas en febrero el Presidente presentó una reforma constitucional al respecto (la segunda de su administración). Hace unos días, Morena propuso utilizar los saldos de las cuentas inactivas en las Afore para financiar un fondo que se destinará a mejorar la tasa de reemplazo de los jubilados.
No voy a hablar de esta iniciativa, solo diré que la polarización en la que vivimos, exaltada por las próximas elecciones, ha hecho que la mayoría de los análisis que he visto me parezcan poco objetivos. Mi intención, más bien, es buscar quitarles atención a las pensiones para que los tomadores de decisiones se enfoquen en otros temas al menos igual de importantes, como la salud y la educación.
No es que el gobierno deba descuidar las pensiones, pero las reformas que se han llevado a cabo en los últimos cinco años han hecho que comparativamente sean de los problemas mejor atendidos.
En la actualidad, el sistema pensionario en México es relativamente bueno. Cuando termine de entrar en vigor la reforma pensionaria de López Obrador de 2020, la aportación total para el retiro de los trabajadores privados, habrá pasado de 6.5% del salario a 15%. Esto les permitirá retirarse con una jubilación de hasta 70% de su último sueldo, una de las tasas de reemplazo más elevadas de los países que integran la OCDE. La propuesta de reforma constitucional de López Obrador de febrero mejorará aún más dicha tasa.
Varios trabajadores de gobierno ya gozan de una generosa pensión, cercana a ciento por ciento de su último sueldo, a raíz de su esquema de beneficios definidos, y los informales también han visto sus perspectivas de jubilación mejorar de manera significativa en este sexenio gracias a un aumento de más de cinco veces en las pensiones para el bienestar de los adultos mayores (este apoyo es universal, por lo que también beneficia a los trabajadores privados y de gobierno).
Me queda claro que no es suficiente, pero las pensiones ya representan uno de los rubros que más recursos absorben del presupuesto (5.8% del PIB en 2024). Si se aprueban las reformas propuestas, y con la tendencia poblacional que traemos, en 2030 el costo llegará a casi 8% del PIB. Mientras, otros rubros como salud y educación, los cuales son fundamentales para impulsar la movilidad social, están urgidos de recursos. El gasto en salud, por ejemplo, es de apenas 3% del PIB, cuando la recomendación internacional se acerca a 6%. En educación es de poco menos de 3% del PIB, cuando los parámetros globales son de 4 a 6% del PIB.
Entiendo por qué a los políticos les gusta mantener el tema de pensiones en los reflectores. Las pensiones benefician a los adultos mayores y este segmento de la población, a diferencia de los niños y jóvenes, tiene un peso desproporcional en las elecciones, pero no deben monopolizar la atención del gobierno. Hay otros problemas que requieren ser atendidos.