Ricos o pobres, la pensión para el bienestar de los adultos mayores de López Obrador no discrimina. Cualquier mexicano de 65 o más años que viva en el país, sin importar su situación económica, tiene derecho a recibir 4 mil 800 pesos cada dos meses. ¿Son razonables este tipo de apoyos? No me quiero meter al campo de la ética, solo busco ofrecer una perspectiva práctica.
Uno de los problemas más evidentes de los programas sociales universales es que aumentan los costos al ampliar el número de beneficiarios. La pensión para el bienestar no es barata. Para el año en curso se estima un desembolso de más de 300 mil mdp, un aumento de casi 35% sobre el presupuesto de 2022. Aunque la mayor parte de estos recursos los reciben personas que los utilizan para cubrir gastos básicos (comida o salud, por ejemplo), una porción se está yendo a personas que no los necesitan. He escuchado anécdotas de gente mayor que pasa por su dinero en un Mercedes Benz con chofer.
Es en parte a causa de la universalidad de programas como la pensión para adultos mayores que los apoyos sociales de López Obrador han perdido progresividad. Según un informe del Coneval, las transferencias públicas para los más ricos en relación con las que reciben los más pobres han aumentado como proporción de su ingreso total durante este gobierno.
Antes de concluir que los programas universales son un error, es importante resaltar sus ventajas. Arriba de la lista está la reducción de costos administrativos y de oportunidades de cometer actos de corrupción. El dinero de las pensiones para el bienestar se entrega directamente, sin intermediarios. Esto simplifica de manera importante la burocracia que implica operar un programa que atiende a millones de personas. Menor burocracia equivale a menores costos y errores administrativos. Por su parte, los menores requisitos para obtener los recursos reducen las posibilidades de que funcionarios cobren mordidas. Estos beneficios son sustantivos y pueden compensar los costos de desembolsar la pensión a adultos mayores que no la necesitan, sobre todo considerando que muchos de ellos no la reclaman.
Existen otras ventajas. Al incluir a toda la población objetivo bajo un criterio común (el aspecto universal), se amplía la aceptación de los programas y se evita la percepción de que el gobierno solo beneficia a algunos. Esto puede crear mayor aceptación. El Presidente le dio a la pensión para el bienestar el rango constitucional, lo que significa que será casi imposible que futuras administraciones la eliminen. No sale sobrando tener el respaldo de toda la población objetivo para un programa que parece será permanente.
Es verdad que lo ideal es tener un registro confiable y fácil de utilizar para otorgar apoyos solo a quienes los necesitan, pero hasta el momento no existe. Optar por la eficiencia y simplicidad que ofrecen las pensiones universales para el bienestar no es mala idea.