La violencia de género es, sin duda, uno de los problemas más persistentes y dolorosos de nuestras sociedades contemporáneas. No es un asunto doméstico ni un conflicto privado: es un fenómeno estructural arraigado en siglos de desigualdad y que hoy debe entenderse como un problema de orden público.
La violencia contra las mujeres constituye una violación sistemática de derechos humanos. Por ello, exige respuestas jurídicas, sociales y culturales profundas.
No hablamos únicamente de agresiones físicas. La violencia de género se manifiesta de múltiples formas: psicológica, económica, sexual, amenazas, vejaciones o control coercitivo. Todas ellas lesionan la dignidad humana, afectan el libre desarrollo de la personalidad y limitan el ejercicio pleno de derechos.
En sus expresiones más graves encontramos el feminicidio; en otras latitudes, la mutilación genital femenina; y en el ámbito nacional, delitos sexuales y trata de mujeres. Aunque distintas en apariencia, comparten un denominador común: la cosificación y subordinación de la mujer dentro de estructuras patriarcales que, aunque debilitadas, continúan presentes.
La agresión física suele ser la más visible, pero no es la única ni la primera. La violencia también habita en los insultos, en las amenazas, en el control del dinero, en la prohibición de trabajar o estudiar, en la vigilancia constante, en cualquier acto sexual sin consentimiento. Antes del golpe, generalmente existe un sistema de control.
Ante esta realidad, el Estado ha desarrollado herramientas jurídicas. En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007, reconoce que el problema no puede abordarse solo desde el castigo penal: incorpora prevención, protección y atención integral.
A nivel internacional, instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará establecieron que la violencia contra las mujeres es una cuestión de derechos humanos y no un asunto privado.
Sin embargo, la legislación por sí sola no erradica la violencia.
Su prevención requiere un enfoque multidisciplinario: educación en igualdad desde edades tempranas, campañas de sensibilización, políticas públicas integrales, servicios especializados de atención a víctimas, formación de profesionales y participación activa de la sociedad.
Las cifras muestran la magnitud del problema. En el estado de Puebla, durante 2025 se registraron 25 feminicidios; a nivel nacional, 721. Se documentaron además 78 homicidios dolosos de mujeres en la entidad y 2,074 en el país, así como víctimas de trata de personas. Detrás de cada número hay historias interrumpidas, familias afectadas y comunidades marcadas.
El aumento de denuncias puede interpretarse de dos formas: más mujeres se atreven a hablar o la violencia persiste sin disminuir. Probablemente ambas.
La violencia de género es también un problema de salud pública y de seguridad ciudadana. No nace de un hecho aislado, sino de una estructura cultural histórica donde la mujer fue colocada primero bajo la autoridad del padre y luego del marido. Aunque la igualdad está reconocida en la ley, muchas prácticas sociales siguen reproduciendo esa lógica.
Por ello, no basta con sancionar al agresor: es necesario transformar las condiciones sociales que permiten que la violencia se repita.
El derecho cumple una función esencial. No solo castiga; protege. Órdenes de protección, medidas cautelares y acceso a redes de apoyo buscan garantizar la seguridad de la víctima. Además, la violencia de género no es un delito común: es una violencia estructural que exige respuestas diferenciadas, juzgados especializados y protocolos específicos.
Se trata también de un fenómeno global. La cooperación internacional resulta clave para combatir delitos como la trata de mujeres, que trascienden fronteras.
En última instancia, la violencia de género se mantiene porque logra normalizarse en la vida cotidiana. Romper esa normalización implica educación, cultura y compromiso social sostenido.
El derecho es una herramienta indispensable, pero insuficiente por sí sola. La erradicación requiere un cambio cultural profundo, prevención desde edades tempranas y participación colectiva de mujeres y hombres.
Solo así podremos aspirar a una sociedad en la que vivir sin miedo no sea un privilegio, sino un derecho garantizado.