No, no voy a votar en la consulta sobre el aeropuerto. No sólo no tengo idea ni de aeronáutica, ni de suelos, ni de vientos, ni de torres de control, ni de radiofaros, ni de compatibilidad aérea, sino que tampoco encuentro ninguna garantía para que mi voto sea respetado.
No conozco a la organización que la está realizando, ni me interesa participar en un ejercicio en que no sé quiénes son “los funcionarios de casilla”, ni quienes van a contar los votos. No conozco los criterios que determinaron la ubicación de las casillas (por mi zona, no hay ninguna), ni tengo confianza en que se respetará “la voluntad ciudadana”.
Sin un respaldo constitucional adecuado, sin un marco legal sólido, sin una organización impecable, sin una neutralidad libre de sospechas, es irrisorio argumentar que “el pueblo elige”. ¿Quién está realmente eligiendo en esta consulta? Yo estoy confundida.
Como usuaria de aviones, me interesa que se construya un aeropuerto nuevo y funcional, pues es bastante incómodo y riesgoso correr con una maleta de rueditas por el enorme pasillo central del Aeropuerto Benito en Juárez en busca de la sala de salida, porque el vuelo de conexión llegó tarde. No tengo idea ni dónde está Santa Lucía, pero no quiero cambiar de aeropuertos para alcanzar vuelos de conexión.
Siento que no me merezco que me pregunten ahora. En todo caso, debieron preguntar cuando se inició la obra del NAIM y no ahora que el aeropuerto lleva un 20% en el proceso de construcción.
Me parece que la decisión sobre el lugar de la construcción del aeropuerto nunca debió de desprenderse de estrictos criterios técnicos. Hacerlo es llevar al terreno político una cuestión estrictamente instrumental. Los votos no pueden sustituir a los cálculos, los algoritmos y las ecuaciones. ¿Si el 70% de los mexicanos nunca se ha subido a un avión, cómo podrán decidir dónde quieren el aeropuerto? ¿quién asumirá la responsabilidad en caso de un accidente aéreo en el “aeropuerto técnicamente equivocado”? ¿Los votantes?
Me parece una ofensa la forma en que el gobierno electo ha manejado esta situación. Durante la campaña electoral, Morena afirmó que existía “mucha corrupción” en la asignación de contratos y hasta la fecha no nos ha informado de ninguna irregularidad. Entonces casi de la nada surgió una alternativa. Pero, el escenario en que se presentó la disyuntiva distribuyó roles y facilitó una narrativa de “buenos” contra “malos”.
El proyecto y la construcción del NAIM fue situado en el bando de los ricos, del grupo Carson, de la “mafia del poder”, de los destructores medioambientales. Se tradujo su futuro tamaño y nivel de operación en términos de fastuosidad y derroche.
Santa Lucía se presentó como la opción de los pobres, el proyecto austero. No hay estudios técnicos que avalen una construcción adecuada en ese lugar. Pero, apareció simplemente como opción para desafiar lo que representaba la modernidad.
Siento que esta fue una maniobra chapucera. El NAIM va a permitir la creación de cerca de medio millón de puestos de trabajo y el turismo va a traer beneficios al artesano de Oaxaca y al mesero en Veracruz. De menos, eso nos han dicho.
Me parece un insulto que me quieran vender la consulta como un ejercicio de democracia directa. Por razones de estudio, viví durante un año en Suiza, el único lugar en dónde se practica esta forma de democracia. En este país, las decisiones se toman por la vía electoral, pero el Estado garantiza de una manera muy estricta la neutralidad del ejercicio democrático.
La consulta sobre el aeropuerto tampoco es un ejercicio de democracia participativa. Existen cuestiones que no pueden ser sometidas a la voluntad de la mayoría, como los derechos de las minorías o cuestiones relacionadas con la seguridad aérea o la seguridad nacional.
Los referendos en países como Francia o Dinamarca tienen como tema asuntos políticos que rebasan el mandato presidencial, como la aprobación de la Constitución Europea o la salida del país de la Unión.
Por otro lado, me parece que la consulta sobre el aeropuerto menoscaba innecesariamente la legitimidad del gobierno electo. Muchos piensan, y el mismo gobierno electo lo cree así, que los treinta millones de votos los vuelve de facto un gobierno legítimo.
Pero la visión de que la legitimidad se adquiere de una vez y para siempre a través de los resultados electorales es una óptica rebasada. La legitimidad es el resultado cotidiano del ejercicio de gobierno, por ello se habla de la “legitimidad por eficiencia”. Un gobierno es legítimo, porque realmente hace lo que debe hacer. No son las urnas las que confieren la legitimidad, sino la satisfacción de la población.
Estos actos de simulación democrática no contribuyen en nada a construir la imagen de un gobierno eficiente. Tal vez valdría la pena que los morenistas esperaran a asumir verdaderamente el poder y entonces cumplir de manera efectiva y eficaz lo que prometieron bajo el rubro de la “Cuarta transformación”.
La Consulta sobre el NAIM: ¿Democracia participativa o pantomima del autoritarismo?
- Columna de Laura Ibarra
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Laura Ibarra
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