M+.- Mientras el Senado mexicano todavía debatía qué demonios hacían dos agentes de la CIA disfrazados con uniformes de la policía de Chihuahua en una operación encubierta, Washington ya tenía lista otra granada. Este miércoles, el Departamento de Justicia presentó cargos formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, incluyendo un senador de Morena y el alcalde de Culiacán. Narco, armas y fentanilo, sus temas favoritos. Hasta cuarenta años de prisión mínima y cadena perpetua como techo.
Es claro que esto no es una coincidencia. En diez días, Estados Unidos nos mostró con claridad cómo opera su nueva doctrina hacia México. Con una mano entra sin permiso a la sierra chihuahuense con agentes encubiertos y con la otra firma acusaciones formales contra gobernadores en funciones. Una viola la Constitución mexicana, la otra usa la estadounidense como garrote.
El gobierno estadounidense revela un expediente que nadie en Palacio Nacional parece haber anticipado. México se colocó en posición reactiva y protestó por la soberanía.
Muchos nos preguntamos si Rocha Moya es culpable, pero eso lo decidirá un juez federal en Nueva York en un juicio repleto de testigos protegidos o en la Fiscalía General de la República. Aunque la pregunta que también merece respuesta es por qué EU lanza esto hoy, así, sin comunicarlo antes al gobierno de la presidenta Sheinbaum, y qué espera obtener con ello.
Porque es obvio que la información no es nueva. El 25 de julio de 2024, Ismael El Mayo Zambada aterrizó en suelo estadounidense tras haber sido presuntamente engañado: lo citaron en el rancho Huertos del Pedregal, en Sinaloa, supuestamente para mediar una disputa entre el propio gobernador y el diputado Héctor Melesio Cuén.
Lo que ocurrió después lo conocemos a medias: Cuén apareció muerto y El Mayo terminó en manos de la DEA. Desde entonces, Zambada acorralado por la amenaza de la pena de muerte habló ante el tribunal de Brooklyn.
Así que es obvio que la acusación de hoy contra Rocha Moya no nació esta semana: nació aquella tarde cuando lo subieron a un avión sin su consentimiento. EU ha guardado el expediente durante meses y lo soltó cuando más convenía a su propia agenda bilateral.
Eso no quita que el expediente sea grave. El Departamento de Justicia no acusa a Rocha Moya de haber sido cómplice neutral del crimen organizado, sino de haber llegado al poder gracias a él. Según la acusación, Los Chapitos secuestraron e intimidaron rivales políticos para garantizar su elección en 2021. A cambio, el gobernador supuestamente les prometió impunidad operativa.
La acusación señala que el subprocurador de la Fiscalía estatal recibía once mil dólares mensuales del cártel a cambio de filtrar información sobre operativos respaldados por EU.
Y si algo de eso es cierto, Rocha Moya tendrá que responder: y no debería ser en Nueva York, sino ante los más de dos mil seiscientos asesinados y los tres mil desaparecidos que acumula Sinaloa bajo su gobierno.
Rocha respondió como era previsible: rechazó los cargos “categórica y absolutamente” y los convirtió en un ataque a la Cuarta Transformación. Es un recurso conocido. Funciona hacia adentro. Pero hacia Nueva York, no servirá de nada.
Ahora el problema real es para la presidenta Sheinbaum porque tiene encima dos crisis que comparten el mismo origen: la decisión de Washington de operar en México como si la soberanía fuera un trámite a discreción.
Con la CIA en Chihuahua, el argumento mexicano es impecable: agentes extranjeros operando en campo sin autorización constitucional. Ella lo sostuvo con firmeza y tenía razón. Pero con Rocha Moya, defender la soberanía podría significa blindar a un gobernador al que se le acusa de haber puesto su aparato de seguridad al servicio del fentanilo. Son dos flancos y no hay manera elegante de cubrirlos al mismo tiempo.
La SRE anunció que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición, y aclaró que los documentos no incluyen pruebas adjuntas. Es la salida técnica: ganar tiempo, exigir formalidades, pasarle el bulto a la FGR.
Lo que nadie puede negar es lo conveniente que resulta tener lista la acusación justo ahora, cuando las operaciones encubiertas de la CIA en Chihuahua recordaron a medio continente que Washington nunca dejó de intervenir en América Latina, solo aprendió a hacerlo con mejores estrategias.