Eran cerca de las nueve y media de la mañana del 20 de noviembre de 2009 cuando una camioneta con placas de Arizona llegó a la garita aduanal de Naco, Sonora. La verificadora Karina Miranda le marcó el alto a la conductora de 21 años. A su lado viajaba su hermanito.
Dentro iban 42 fusiles. La conductora era Verónica Álvarez Toscano, de Florida. En Agua Prieta la procesaron por portar armas de uso exclusivo del Ejército. La sentenciaron a cuatro años y seis meses y obtuvo la libertad anticipada casi tres años después, en 2012.
Las 42 armas se compraron en menos de 24 horas en una armería de Arizona y estaban ligadas a Rápido y Furioso. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) dejó pasar más de 2 mil armas compradas por prestanombres, con la idea de rastrearlas hasta el cártel de Sinaloa. Se le fueron de las manos y algunas aparecieron en escenas de crimen. Del decomiso de Naco nació la averiguación previa que años después sustentó la acusación contra García Luna y su red.
Revisé resoluciones que reproducen el pliego de consignación, la acusación de la FGR. Pidió órdenes de aprehensión contra siete personas, entre ellas los ya conocidos exfuncionarios, a quienes acusa de no impedir la entrada de armas. Hay además tres cargos de aduanas que no se habían revelado: un administrador central de Operaciones Aduaneras y dos coordinadores de Aduanas Fronterizas.
Las pruebas: el parte aduanal, peritajes de Naco, informes de la ATF, el informe del Congreso y dos testigos colaboradores de la organización que recibía las armas.
Entre ellas está el correo del 31 de enero de 2011. Lo escribe una funcionaria de la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos a alguien en la Ciudad de México. Cuenta que la ATF invitó a un representante de la PGR y a otro de la SSP a observar el desmantelamiento de una red de traficantes de armas. Dice que la Seido estuvo en el puesto de mando casi toda la operación y tuvo acceso a algunos detenidos.
Cárdenas Palomino terminó esta semana de cumplir su condena por tortura, pero no sale libre. Según la prensa, sigue preso por Rápido y Furioso. Los tribunales han sostenido que, por su cargo, le tocaba impedir la entrada de armas y que hubo indicios de que conocía el riesgo.
Pero la causa pinta difícil. En 2022, otro tribunal liberó en esta causa a Facundo Rosas, comisionado de la Policía Federal de 2009 a 2012, por falta de pruebas, con las mismas evidencias. Resolvió que ni el correo ni las demás traducciones lo mencionan y que no había indicios de que conociera el operativo.
Para condenar a Cárdenas Palomino habrá que probar que sabía, que podía evitarlo y que lo permitió a propósito. El correo no lo menciona y es de enero de 2011, más de catorce meses después de Naco. Y el precedente de Rosas pesa. A Verónica la dejaron salir el 23 de agosto de 2012.
Para ese entonces Rápido y Furioso ya era público desde hacía más de un año. En los documentos que revisé no aparece que México abriera otra carpeta para seguir el origen de esas armas a partir de ella. La averiguación nacida de aquella camioneta sigue sin sentencia.