Esta semana arrancó el proceso electoral rumbo a 2027 y con él debutó también una comisión dentro del INE para detectar, antes de que lleguen a la boleta, a los candidatos con vínculos con el narco. Se llama Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas. Se instaló el 7 de septiembre y al parecer, nació muerta.
La idea, hay que decirlo, sonaba bien. La presidenta Claudia Sheinbaum la mandó al Congreso en mayo y la vendió como el blindaje para la elección de 2027: que los partidos supieran antes de registrar a un candidato, si había indicios de algún vínculo con organizaciones delictivas. En un país donde el narco no solo financia campañas sino que postula directamente a los suyos, cualquier barrera institucional merecía el beneficio de la duda.
Pero la comisión se murió desde el arranque. En mayo, la propia presidenta del INE, Guadalupe Taddei, convocó una comparecencia para decir que el INE no podía convertirse en juez y parte de una contienda política. Nadie le hizo caso.
Integrada por tres consejeros, la comisión no investigará nada. Recibirá el nombre de un candidato, lo reenviará a la Fiscalía y a la Unidad de Inteligencia Financiera, y esperará respuesta. El INE, más bien se convirtió en cartero. El propio presidente de la comisión remató hace unos días pidiendo que ni siquiera a él le entreguen los expedientes, para no involucrarse.
Lo que la vuelve una decoración barroca y costosa es que la participación será voluntaria: si un partido no pide que revisen a su candidato, nadie lo hará. El fracaso se atisba ineludible.
La propuesta llegó unos días después del escándalo por Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia a quien fiscales de Estados Unidos acusaron de colaborar con la facción de Los Chapitos. Ese fue, evidentemente, el pretexto que los demás partidos usaron para advertir que no acusarán a los suyos.
El PRI dijo que si someten a revisión a sus candidatos, basta la simple presunción o indicio de esas dependencias para desacreditarlos, vetarlos y convertirlos en enemigos del pueblo. El PAN dijo que ni para qué, pues las fiscalías y policías estatales ya estaban infiltradas por el narco. Ningún partido va a pedir la revisión de los suyos.
En México ha habido poquísimos casos donde los narcocandidatos han sido acusados. Uno de ellos es Tomás Yarrington, hoy preso, formalmente acusado de recibir financiamiento del Cártel del Golfo desde que era candidato a gobernador de Tamaulipas en 1998. Tres décadas tardaron en abrirle un proceso. Si ese es el paso al que camina la justicia, el narco lleva ventaja.
No hace falta que los partidos boicoteen el mecanismo. Basta con que hagan exactamente lo que han hecho históricamente: proteger a los suyos y señalar al otro, para que la comisión se quede sin un solo nombre que revisar.
Y ahora, rumbo a la elección de 17 gubernaturas y cientos de alcaldías, le entregamos la limpieza del proceso a un órgano que depende de la buena voluntad de los mismos partidos que se acusan entre sí de proteger criminales. No hacía falta un mecanismo tan elaborado para llegar a la conclusión de siempre: en México, el narco entra a la boleta porque a nadie le conviene detenerlo.