Los convenios internacionales relativos a las armas de destrucción masiva se han suscrito para comprometer a los que las poseen a deshacerse de ellas, no utilizarlas y/o para no desarrollarlas más. Es una tenue garantía jurídica para los países de vocación pacifista.
Paradójicamente, lo que define a las “grandes potencias” es precisamente la posesión de tales armas y, para cinco de ellos, el poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Cuando se adoptó la Convención sobre Armas Biológicas en 1972 se trataba de “no desarrollar, producir, almacenar… adquirir o conservar agentes biológicos o toxinas… (salvo para) la profilaxis u otros fines pacíficos”. Esa salvedad es la misma que prevalece respecto al uso de la energía nuclear y de los químicos: la línea es punteada y cruzarla, sobre todo en el caso de los laboratorios biológicos, puede ser relativamente fácil sin mecanismos de verificación.
Bajo la consigna de “potenciar patógenos” para adelantarse a mutaciones o desarrollos bioterroristas, se han creado laboratorios de investigación (unos 60 en el mundo) con programas secretos. Tienen un nivel de bioseguridad “4”, como el de Wuhan, en cuyo desarrollo colaboró Francia para luego verse “excluida” por China.
No puede decirse que los franceses fueran “sorprendidos”; ya les había ocurrido algo similar en el caso de transferencia tecnológica nuclear a Israel en los años cincuenta, aun con la oposición de Estados Unidos. Los niveles de bioseguridad y las buenas intenciones no son garantía suficiente. Un estudio de Nature’s Review señala que entre 2003 y 2012 se registraron 256 contagios “accidentales” con 156 muertes en laboratorios de ocho países y eso con meros virus atenuados de influenza aviar.
El célebre doctor Fauci ha estado en el centro de un agrio debate dentro del Congreso y medios estadunidenses por ser un reconocido proponente de la potenciación patogénica de los virus. En un artículo de 2012 afirma: “Los beneficios (para la humanidad) de tales experimentos y el conocimiento resultante sobrepasa los riesgos”. No obstante, la administración Obama, sopesando la implicación ética y el enorme riesgo, impuso una moratoria de tres años a tales experimentos, que concluyó en 2017 sin que la administración Trump la renovara.
Fue Trump el que apuntó al laboratorio de Wuhan de haber sido el origen de la pandemia. El mismo Fauci hizo una declaración críptica por ese entonces: “No queremos investigar en Hoboken, N. Jersey o Fairfax, Virginia, la interacción (de virus) entre murciélagos y humanos que puede producir un brote, así es que hay que ir a China...”. A petición de Estados Unidos y otros países, la OMS intentó investigar el malhadado laboratorio, pero tardó un año en lograr entrar y tan solo por unas horas.
Ahora, sin embargo, el gobierno chino acusa al de Estados Unidos de “financiar 26 laboratorios biológicos” en Ucrania y de que cuenta con un total de 336 alrededor del mundo, exigiéndole que permita la inspección de los mismos. ¿Y el resto de las potencias qué secretos guardan? Acusaciones, desmentidos e infodemias van y vienen entre las superpotencias, el hecho es que países de vocación pacifista, como México, estamos expuestos a los riesgos de las armas de destrucción masiva, especialmente biológicas, atenidos a la buena voluntad de quienes las poseen y confiados a la suerte de que no sobrevenga un “accidente”. Lo que también es cierto es que nadie puede tolerar otra pandemia u otro Chernóbil.
León Rodríguez Zahar*
*Diplomático y escritor. Asociación del Servicio Exterior Mexicano