La persecución fiscal con garrote, austericidios, desaparición de instituciones y fideicomisos son una respuesta al grave problema de ingresos frente a egresos para costear pensiones, programas y todo lo que alimenta la actual democracia
El Ejecutivo aseguró, el pasado jueves 18 de julio, que jueces del Poder Judicial federal, bajo el pretexto del debido proceso, retrasan audiencias a 13 empresas que deben 130 mil millones de pesos en impuestos. El entorno noticioso ya había adelantado como nuevo argumento para desmantelar a la judicatura federal su colusión con élites económicas.
Palacio Nacional confunde a la opinión pública. Primero. Las 13 empresas no son representativas de nada. México tiene más de 4.7 millones de empresas. Segundo. Contribuyentes no deben 130 mil millones de pesos al fisco porque falta señalar fecha de una audiencia.
Mensaje importante cifrado en forma de chiste: Tercero. El debido proceso es un debido pretexto —eso dijo el Ejecutivo—.
Temo que esto corrobora el rumbo de los derechos humanos en México: poco importará si los mexicanos son sentenciados sin llamamiento, sin defensa, sin pruebas, alegatos. Véase la sistemática: la reforma constitucional actual, por un lado, ordena cesar a todos los jueces y magistrados actuales (o los correrá gradualmente). Por otro lado, sin aumentar presupuesto o número de juzgadores, garantiza que todo asunto fiscal sea resuelto en seis meses.
Como dicen los streamers: de los creadores… de que no se talará un solo árbol por el Tren Maya (fueron 7 millones), surge el nuevo derecho fundamental de todos los mexicanos: ser ejecutados por impuestos en medio año. La pinza: el Tribunal de Disciplina Judicial acabará con la corrupción judicial: de oficio le comunicarán el incumplimiento a la temporalidad.
El triste chiste del debido pretexto tiene liga con un problema más grande: el Ejecutivo actual y la que viene —incluso la oposición— han negado y no tienen propuestas para una reforma integral de política impositiva. La persecución fiscal con garrote, austericidios, desaparición de instituciones, fideicomisos, son respuestas al grave problema de ingresos frente a egresos para costear becas, pensiones, programas, todo lo que alimenta la actual democracia.
De los momentos cúspide del deterioro Corte-Ejecutivo fue cuando la primera, con ministros que él designó, declaró inconstitucional la introducción de delitos fiscales al catálogo de prisión preventiva oficiosa (así de clara era su inconstitucionalidad); tema que, por cierto, pronto estará constitucionalizado bajo la actual reforma constitucional que desaparece independencia judicial y garantiza cárcel sin pruebas para estos casos.
¿Benefició en aquel entonces la Corte a los factureros? La respuesta es siniestra. Parecido al circo de la consulta contra ex presidentes: en el caso de los factureros, el Ejecutivo, Hacienda, las fiscalías podían antes, ahora y siempre proceder penalmente contra cualquier ciudadano. ¿Pero la Corte dijo que la preventiva oficiosa no procede? Cierto, pero la preventiva justificada sí. Si procede la prisión preventiva justificada, ¿por qué tanto pleito? Muy fácil: con la oficiosa en automático dejarán en prisión a cualquier sujeto sin pruebas que justifiquen necesidad y peligro. Este instrumento extorsiona. Logra tratos inmediatos. Encerrarán a veces a delincuentes, a veces a inocentes, todos igual: rápido y sin sentencia.
Vuelvo al tema fiscal. Todo fiscalista sabe que casi los únicos derechos fundamentales en materia fiscal son legalidad y seguridad jurídica. Por otro lado, los criterios judiciales fiscales datan de fines del siglo pasado, no existe mejora. Lo que se desconoce es que Corte y los tribunales en este siglo han sido obsequiosos con el sistema tributario. Hay mucho litigio fiscal, poca defensa.
Instrumentos de coerción impositiva modernos que explican la actual alta recaudación están palomeados por la Corte: buzón tributario, contabilidad-revisión electrónica, operaciones inexistentes, inmovilización cuentas, detección defraudación, evasión, presunción ingresos, comprobación, recursos procedencia ilícita, sello digital.
Esta materia prohíbe a los tribunales ayudar en litigio; los criterios reconocen libre configuración legislativa: todo aquello que pueda imaginar el legislador como riqueza puede grabarlo. El Estado mexicano protege a Hacienda con un recurso que no tiene ninguna institución: la revisión fiscal, instrumento para combatir resoluciones fiscales de los tribunales del Poder Ejecutivo.
La gran cantidad de sentencias fiscales favorables no proviene del Poder Judicial federal sino del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (tribunales del Ejecutivo). Estos tribunales emitieron entre noviembre de 2022 a octubre de 2023, 101 mil 692 sentencias, de las cuales el Poder Judicial de la Federación revocó 9.28%. En 90.72% de casos, el criterio que prevalece es el del Tribunal Federal del Poder Ejecutivo.
En 2023, los ingresos tributarios alcanzaron 4 billones 517 mil 730 millones de pesos (SAT, Informe, 4to trimestre, 2023). En un aventurado comparativo por año, Hacienda pierde o sólo difiere cobro, mediante juicios, de menos de 49 mil millones de pesos.
La razón por la que Hacienda pierde o dilata el cobro de impuestos no son criterios judiciales del Poder Judicial federal, sino ineptitud y descuido. Esto no ha alarmado nunca al Estado, Hacienda es la institución más avanzada y capacitada, cada año mejora, se protege. El SAT, por pudor nunca lo expresará, pero es la institución más agradecida con criterios de justicia federal.
Con una sonrisa alguien tendrá presente los ejemplos que exhibe el Ejecutivo. Estos casos sí existen pero muchas veces sólo difieren pago o logran quitas. Sobre todo, son tan pocos los asuntos de esta naturaleza que no representan el común denominador. Se ignora, además, que los empresarios siempre tributan más de lo que ganan en juicios. Ganan después de muchos años, ante férreas defensas hacendarias.
Los “poderes económicos” corrompen instituciones y obtienen privilegios, pero nunca a través del Poder Judicial federal, sino directamente por el Servicio de Administración Tributaria.
El actual Ejecutivo informó: Calderón y Peña Nieto condonaron 366 mil 174 millones a grandes contribuyentes. La prensa señala al actual gobierno de condonar a Pemex 112 mil millones de pesos (Karina Suárez, El País), reportan condonaciones a empresas de comunicación privada. Entre miles de casos ocultos está la condonación al pugilista El Canelo (Plataforma Nacional de Transparencia). En 2019, 3 millones 841 mil 986. Otra, en 2022, por 5 millones 430 mil 122 pesos.
No existe antecedente real ni periodístico sobre “tratos” de contribuyentes con Poder Judicial federal. Hay explicaciones obvias pero desconocidas de por qué no hay corrupción judicial: todo lo que hacen jueces y magistrados federales se documenta (hasta el ingreso a los edificios). Además: todos y cada uno de los asuntos están vigilados por el SAT y la Fiscalía General de la República.
Cuando afirmo que todo se documenta, significa que sólo y solamente se puede obtener un favor ilegal de un juzgador federal a través de una sentencia. Si un juez o magistrado se corrompe, su conducta estará documentada. La corrupción sólo podría existir bajo complicidad y encubrimiento simultáneo de jueces, magistrados, abogados litigantes, SAT y Fiscalía General de la República. Y de cualquier modo, la fechoría estará documentada.