La Fiscalía General del Estado de Coahuila reportó que en el 2020 y en el 2021 se han abierto 21 carpetas de investigación a servidores públicos en la entidad por delitos de abuso sexual contra mujeres y niñas. 12 de esos casos están vinculados al sector educativo.
Las víctimas son 15 menores de edad –dos de ellas, de siete años, una 10, y el resto tiene entre los 11 y 17 años– y una mujer de 63 años.
De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía, los procesos se han judicializado sin detenidos.
Estos hechos son graves y más si se señalan servidores públicos como presuntos agresores, debido a que el Estado mexicano está obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y aquellos establecidos en tratados internacionales, apegándose en todo momento a su protección más amplia; es decir, aplicando el principio pro-persona.
Cabe mencionar que el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia es un derecho humano que en México está protegido por la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y por la Convención de Belem do Pará.
Además, en caso de que estas agresiones se hayan dado en contextos laborales, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ya ha instado a las autoridades mexicanas a implementar un Protocolo para erradicar la violencia sexual de los ambientes laborales.
Otro aspecto importante es la protección de las niñas, en este sentido la Constitución, los tratados internacionales y demás leyes aplicables, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, reconocen a los menores como titulares de derechos, en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa. Es decir, en este proceso deben ser considerados el Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal y el Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso de las menores.
En conclusión, debido a que el andamiaje institucional y legal en la materia es vasto, toca a las instituciones defensoras de derechos humanos, de impartición de justicia y atención a víctimas de la entidad, garantizar protección, justicia e implementación de medidas de reparación de daño, para que en Coahuila la impunidad, la permisividad y el silencio, en casos tan graves como el mencionado, no tengan cabida.
@nonobarreiro