El año inicia y, con él, reaparecen los rituales de siempre: los buenos deseos compartidos, las promesas de cambio y la esperanza de que algo, por fin, sea diferente. Sin embargo, para muchas personas, enero llega sin novedades ni sorpresas. La rutina continúa, las preocupaciones persisten y las desigualdades tampoco se toman vacaciones. La injusticia, por su parte, no reconoce calendarios ni horarios.
Por eso, iniciar un nuevo ciclo desde el servicio público exige mirar de frente la realidad, asumirla con honestidad y responder con responsabilidad y dignidad. No basta con renovar propósitos; es necesario renovar el compromiso con quienes más lo necesitan. Las causas sociales que motivaron el deseo de transformación siguen vigentes y, en muchos casos, se han fortalecido por la urgencia de atender las desigualdades y las injusticias que se han normalizado durante demasiado tiempo.
La búsqueda de justicia social, de igualdad y de respeto absoluto a los derechos humanos no se detiene con el cambio de calendario. Cada día, esta lucha se renueva en las vidas de quienes enfrentan carencias, violencias y exclusiones. Son historias reales, cotidianas, de resistencia y esperanza, de personas que no se rinden a pesar del olvido institucional.
Legislar al comenzar el año implica detenerse a reflexionar: ¿Para quién se gobierna? ¿Desde dónde y para qué se toman las decisiones? Es recordar que el ejercicio del poder público debe ser para servir, proteger y acompañar, especialmente a quienes han sido relegados y silenciados históricamente.
Este nuevo año legislativo nos obliga a dignificar las leyes, a ponerles rostro y contexto. Hay que pensar en las mujeres que sostienen hogares, trabajos y comunidades, enfrentando persistentes brechas de desigualdad y violencia; en las niñas y los niños que crecen con carencias que nunca eligieron; en las personas adultas mayores que envejecen en el abandono; en quienes viven con discapacidad y en las comunidades que aún esperan acceso real a derechos básicos.
La verdadera transformación se construye en lo cotidiano, en cada decisión que pone la vida al centro, en cada política pública que escucha y responde, en un Estado que acompaña sin imponer. Como lo manifestó José María Morelos en los Sentimientos de la Nación, la responsabilidad del poder público es moderar la indigencia y la opulencia, porque la justicia social no es tarea de un día: es una vocación permanente y colectiva.
Enero representa una nueva oportunidad para reafirmar compromisos, para recordar la razón de ocupar un espacio de representación y a quién debemos responder. La dignidad no es un concepto abstracto; es la manera en que se ejerce el poder, la forma en que se atienden las necesidades de quienes más lo requieren.
El inicio del año, por sí solo, no altera la realidad de quienes siguen esperando justicia. La verdadera transformación en la vida de las personas proviene de un Estado que escucha, que actúa y que nunca normaliza el sufrimiento ajeno. Ojalá que este comienzo de año nos encuentre en el lugar correcto: cerca de las mujeres que perseveran, junto a las familias que luchan cada día y al lado de quienes, a pesar de vivir en situaciones de vulnerabilidad, continuamos sin rendirnos.
Porque cuando la dignidad guía al poder, la esperanza deja de ser una promesa vacía y se convierte en una realidad compartida. Así, el servicio público se transforma en una herramienta auténtica de justicia social, capaz de cambiar vidas y construir un país más igualitario, más justo y humano para todas y todos.