Durante décadas se asumió que la justicia comenzaba cuando el conflicto llegaba a un tribunal. Hoy, esa premisa ha quedado superada: la verdadera fortaleza de un sistema jurídico radica en su capacidad para resolver antes de escalar. En esa transición se redefine no solo la función jurisdiccional, sino el propio sentido del Estado de Derecho.
En este contexto, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias se consolidan como un componente esencial del sistema de justicia contemporáneo. No desplazan a los tribunales, los complementan al ofrecer rutas institucionales que privilegian el diálogo, la conciliación y la construcción de acuerdos sostenibles.
En México, su reconocimiento es de orden constitucional. El artículo 17 garantiza el acceso a estos mecanismos como parte integral del sistema de justicia, lo que traslada el debate del plano normativo al terreno de su implementación efectiva. Es ahí donde Hidalgo comienza a marcar una diferencia con resultados verificables.
Más del 94 por ciento de los asuntos canalizados a mediación en materias civil, familiar y mercantil concluyen mediante acuerdos satisfactorios, mientras que en materia penal el cumplimiento de acuerdos reparatorios alcanza el 98 por ciento. Estas cifras reflejan eficiencia, pero sobre todo evidencian una transformación en la manera de entender la justicia, donde la solución adquiere centralidad sobre el litigio.
Este avance responde a una visión institucional impulsada desde el Poder Judicial del estado. Bajo el liderazgo de la Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría, el Centro Estatal de Justicia Alternativa amplió su cobertura territorial, incorporó esquemas de mediación intercultural y consolidó un modelo con enfoque restaurativo que hoy sirve de referente para otras entidades. Ese es el tipo de conducción institucional que convierte una reforma normativa en un cambio real para las personas.
Desde el ámbito legislativo, el reto es acompañar esta transformación con marcos normativos sólidos y capacidades institucionales suficientes, pero también impulsar un cambio cultural que permita comprender que resolver un conflicto no se agota en una sentencia, sino en la posibilidad de que las partes recuperen su vida cotidiana sin que el proceso las agote. Esa perspectiva debe orientar la agenda legislativa en materia de justicia.
A nivel nacional, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias refuerza esta tendencia al establecer bases para la homologación, la profesionalización de los operadores y la incorporación de servicios digitales. Para Hidalgo, esto representa una oportunidad concreta: armonizar su marco normativo local y posicionarse como una entidad que no solo cumple el estándar nacional, sino que lo supera.
Porque en el fondo, un sistema de justicia eficaz no es el que más resuelve en tribunales, sino el que logra que menos conflictos lleguen a ellos.
Hidalgo ha comenzado a consolidar ese modelo y, en un entorno donde la confianza institucional se construye con resultados, apostar por una justicia que resuelve antes de confrontar no solo fortalece al Estado, define su capacidad para sostener la gobernabilidad en el largo plazo.