El artículo 17 de nuestra Constitución es claro: toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta y expedita. Es una promesa que el texto cumple con precisión, pero que la realidad cotidiana ha tardado en honrar.
Los tribunales mexicanos enfrentan hoy un sistema rebasado, una burocracia que no responde a la velocidad de las sociedades contemporáneas y un esquema procesal concebido para un contexto histórico que ya es insuficiente. El rezago judicial no es una anomalía; es la consecuencia lógica de instituciones que no han evolucionado al ritmo de quienes las necesitan.
Hidalgo está entrando, silenciosamente, a una de las transformaciones más profundas de su historia judicial. La implementación de la Justicia Digital, contenida en el libro octavo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), prevista para 2027, no es un ajuste técnico. Es una reconfiguración profunda de la manera en que los tribunales deberán operar en el siglo XXI.
El artículo 933 del CNPCF no habla de videollamadas ni de firmas electrónicas como añadidos modernos: establece la justicia digital como una modalidad procesal completa, con expediente íntegramente digital, audiencias virtuales con plena validez jurídica y protección de datos de las partes. Es, en otras palabras, un juicio de principio a fin sin papel y sin presencia física obligatoria.
Estamos ante un nuevo horizonte para la impartición de justicia. El desafío es dual: generar las condiciones materiales y presupuestales para implementar este entorno digital, y al mismo tiempo garantizar que sea accesible para comunidades que hoy enfrentan desconectividad y exclusión tecnológica. Ambas tareas son igualmente urgentes; sin las dos, el avance queda incompleto.
Hidalgo no llega tarde a la justicia digital: llega en el momento en que puede hacerlo bien. Mientras otras entidades implementaron cambios tecnológicos sin garantías procesales ni infraestructura suficiente, nuestra entidad tiene hoy la oportunidad de construir un modelo que ponga los derechos por encima de la plataforma. Eso no es casualidad; es el resultado de una agenda legislativa que ha apostado por transformar las instituciones desde adentro, con visión de largo plazo y con las personas en el centro.
Desde el Congreso del Estado, nuestra responsabilidad es acompañar esta transición con legislación que proteja derechos, exija condiciones adecuadas de implementación y coloque en el centro a las personas, no a la tecnología. La justicia digital bien diseñada puede dejar atrás décadas de rezago procesal. La justicia digital mal implementada puede reproducir, en formato digital, las mismas exclusiones de siempre.
En algún municipio de la sierra hidalguense hay una persona que hoy no puede litigar porque no tiene cómo llegar al juzgado. La justicia digital puede cambiar esa historia: acercar los tribunales a quienes siempre estuvieron lejos, hacer que el derecho llegue antes que la carretera. Hacia esa justicia pronta y expedita, con acceso real, infraestructura suficiente y garantías procesales, camina Hidalgo, para todas y todos, sin excepción._