Legislar no es acumular reformas ni producir leyes en serie. Legislar con sentido social implica algo más profundo: comprender que cada norma tiene consecuencias reales en la vida de las personas. En un país marcado por la desigualdad, el trabajo legislativo no puede ser neutral ni distante; debe asumir una posición clara frente a la justicia social y el bienestar colectivo.
Durante años, el Poder Legislativo fue percibido como un espacio ajeno a la vida cotidiana. Las leyes se discutían lejos de la gente y, con frecuencia, respondían más a inercias políticas que a necesidades sociales reales. Esa desconexión erosionó la confianza ciudadana y debilitó el vínculo entre representación y realidad. La Cuarta Transformación plantea romper con esa lógica y recuperar el sentido público de legislar.
Desde el Congreso local, el reto consiste en traducir un proyecto nacional en decisiones concretas con impacto territorial. En estados como Hidalgo, legislar con sentido social exige partir del territorio, escuchar a las comunidades y reconocer que no todas enfrentan los mismos problemas ni parten de las mismas condiciones. La igualdad formal resulta insuficiente cuando las desigualdades estructurales persisten.
Legislar con sentido social implica preguntarse, en cada iniciativa, a quién beneficia y a quién deja fuera. Supone entender la ley como una herramienta para cerrar brechas y no como un mecanismo para administrarlas. Reformas orientadas al acceso efectivo a la salud, la educación, el agua o la vivienda representan decisiones que inciden directamente en la dignidad cotidiana de las personas.
En Hidalgo, esta responsabilidad adquiere una dimensión particular. El estado concentra realidades diversas: zonas industriales, comunidades rurales, regiones con rezagos históricos y territorios en transición. Por ello, la función legislativa demanda sensibilidad territorial y una visión de largo plazo que acompañe los esfuerzos por equilibrar el desarrollo regional y fortalecer la justicia social.
El trabajo legislativo tampoco se agota en la aprobación de leyes. Incluye la tarea permanente de vigilar, evaluar y corregir. La rendición de cuentas forma parte esencial de legislar con sentido social. Cuando una norma no cumple su objetivo o genera efectos no previstos, revisarla y ajustarla es una obligación democrática.
Desde la responsabilidad que implica legislar bajo una mayoría social, resulta indispensable ejercer el poder con ética pública y responsabilidad institucional. El respaldo ciudadano no autoriza la imposición, sino que exige diálogo, deliberación y coherencia entre discurso y acción. La legitimidad se construye cuando las decisiones se traducen en beneficios reales para la población.
El desafío del Congreso es convertirse en un espacio donde las causas sociales se transformen en normas eficaces. Donde la ley deje de percibirse como un texto distante y se convierta en una herramienta viva al servicio del bienestar colectivo. Eso requiere técnica jurídica, pero también compromiso social y vocación pública.
Legislar con sentido social es, en última instancia, legislar con conciencia. Significa no olvidar que detrás de cada artículo hay historias, necesidades y expectativas. En un estado como Hidalgo, con profundas desigualdades territoriales, esa conciencia no es opcional: es una responsabilidad histórica del poder legislativo.
El reto es claro: construir un trabajo legislativo que refleje las voces del territorio, que contribuya a cerrar brechas históricas y que fortalezca el desarrollo con justicia social. Solo así será posible avanzar hacia el Hidalgo que, como sociedad, aspiramos a consolidar.