
El cierre de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación marca un hito histórico. Para el sistema jurídico mexicano significa el inicio de una etapa que refuerza la transparencia, la publicidad y la colegialidad en todas las decisiones. Para las personas, comunidades y colectivos históricamente invisibilizados, implica reconocer un espacio que, durante décadas, fue clave en el reconocimiento de derechos y en la apertura de nuevos caminos hacia la justicia. Para mí representa el cierre de una etapa profundamente significativa, tanto en lo profesional como en lo personal.
En el curso de más de 30 años, la Primera Sala fue un referente en la defensa y expansión de derechos y libertades. Sus sentencias trascendieron los casos concretos: atendieron realidades complejas, dieron voz a sectores históricamente desprotegidos y ampliaron el alcance de la justicia constitucional.
Presidirla en su último periodo institucional ha sido uno de los mayores honores de mi trayectoria. Asumí el compromiso de acercar la justicia a la sociedad, modernizar nuestros procesos y garantizar la continuidad de la labor jurisdiccional. Implementamos herramientas tecnológicas para agilizar trámites, habilitamos notificaciones a distancia y creamos un boletín mensual para comunicar, de manera clara y accesible, nuestras decisiones más relevantes.
Al concluir julio de 2025, la Sala había emitido más de cinco mil acuerdos, resultado del trabajo incansable de un equipo comprometido con la excelencia y el servicio público.
En el ámbito jurisdiccional, este periodo deja un legado que honra la dignidad humana: declarar que la violencia sexual contra niñas y niños no prescribe; otorgar a las familias de mujeres víctimas de feminicidio acceso a medidas de reparación; proteger a personas gestantes e infancias en casos de gestación por sustitución; reafirmar la obligación de juzgar con perspectiva intercultural, y exigir a las autoridades de salud protocolos claros para la transferencia de pacientes con VIH/Sida, garantizando así la continuidad de sus tratamientos.
Cada resolución reafirmó que juzgar con perspectiva de género, de diversidad sexual, de infancia y de interculturalidad no es una opción: es un mandato constitucional y una exigencia ética que devuelve a la justicia su rostro humano.
Culminamos una etapa y emprendemos otra: el camino de la transformación del Poder Judicial. La desaparición de las Salas plantea retos, pero confío plenamente en que la nueva Corte sabrá enfrentarlos e inaugurará una etapa de justicia más cercana, incluyente y transformadora, capaz de combatir las desigualdades estructurales que aún persisten.
Apago la luz de la Primera Sala con gratitud por haber servido a mi país y con la certeza de que los cimientos construidos seguirán siendo guía en el camino. A partir del 1 de septiembre, las ministras y ministros electos tenemos la responsabilidad y la oportunidad de construir un país en donde la justicia sea la base de la igualdad, la democracia y la dignidad para todas las personas.