Columna de Lucía Hidalgo

Beneficios fiscales, una herramienta del derecho (humano) de asociación

Lucía Hidalgo

Luis M. Morales

La propuesta a la modificación del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es una medida más que se suma a la serie de barreras que enfrentamos las organizaciones de la sociedad civil para desempeñar nuestra labor. No solo a lo largo de este sexenio, sino también durante la gestión  de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Esta serie de acciones sigue una misma tendencia al restringir  la participación ciudadana y el espacio cívico, libertades fuertemente vinculadas con los derechos humanos de asociación, reunión y expresión.

 La miscelánea fiscal aprobada el año pasado y que está vigente desde el 1 de enero de 2021 plantea varias medidas que afectan profundamente al sector. La que más nos preocupa es la solicitud de un Comprobante Fiscal Digital (CFDI) para la comprobación de gastos que pudieran estar exentos del pago de ISR. Esto afecta de manera desigual a las organizaciones que trabajan en contextos adversos, pues todos quienes hemos trabajado en comunidades marginadas que es imposible conseguir factura por los gastos. Esto orilla a que las organizaciones que trabajan en estas condiciones no estén exentas del pago de ISR, a diferencia de aquellas que estamos situadas en las ciudades. Otras medidas han sido la causal de revocación del estatus de donataria autorizada por exceder 50 por ciento de ingresos provenientes de fuentes que no están directamente asociadas al objeto social; la causal de revocación de este mismo estatus porque uno de los consejeros de una organización también forme parte de otra organización, cuyo estatus de donataria haya sido revocado, y que cuando una donataria pierda dicho estatus y no lo pueda recuperar deberá destinar su patrimonio a otra donataria autorizada.   

Por estos motivos sostenemos que la modificación del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta puede tener una afectación económica para miles de organizaciones de la sociedad civil que reciben donativos individuales, ya que el porcentaje deducible en donativos individuales a donatarias autorizadas, que hasta ahora es de 7 por ciento, se integraría al límite fiscal del 15 por ciento total de deducciones para personas físicas. Cemefi reporta que aproximadamente 5 mil 100 organizaciones son las que reciben donativos individuales, de las cuales unas 2 mil obtienen entre 30 y 100 de sus ingresos de esta fuente y 3 de cada 10 pesos que reciben las organizaciones de donativos nacionales provienen de donativos individuales. 

Tanto el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han referido a los beneficios fiscales como una herramienta para promover el derecho de asociación, señalando la necesidad de que los Estados no utilicen la presión fiscal para disuadir a las asociaciones de recabar fondos, en particular del extranjero. Actualmente varios Estados conceden a las asociaciones exenciones y privilegios fiscales y de otra índole.

Como parte de la promoción del derecho a defender los derechos humanos a través del ejercicio del derecho de asociación, la CIDH considera que los Estados deben procurar eximir de impuestos a las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos. 

En 2017 las donatarias recibieron cerca de 5 millones de pesos en donativos de personas. De acuerdo con datos de Pulso OSC, en 2019 mil 500 organizaciones de la sociedad civil atendieron a cerca de 42 millones de beneficiarias, de las cuales 57 por ciento fueron mujeres. 

Aunque las motivaciones de las personas para donar claramente no están determinadas por la deducibilidad, es importante promover la generación de políticas e incentivos fiscales que favorezcan la filantropía en México y el quehacer diario de la sociedad civil organizada. La filantropía en México es aún muy incipiente: del total de ingresos de las organizaciones solo 21 por ciento proviene de donativos, el resto son recursos autogenerados. Por esto es necesario fomentar la cultura de la donación. Una gran herramienta que tiene el gobierno para ello son los incentivos fiscales, que es importante dejar de vincular con evasión fiscal, pues la primera tiene en mira un bien comunitario y social, mientras la otra individual. 

En los últimos años las personas se han enfrentado a un contexto adverso: por un lado, los efectos del covid-19, y por otro, las políticas públicas restrictivas hacia la sociedad civil, lo que ha provocado una disminución en el acceso a recursos públicos a través de la aprobación de disposiciones fiscales que cada año cierran las posibilidades de acceder a diversas fuentes de financiamiento.

Para que la sociedad civil organizada siga desempeñando su labor para el cambio social es necesario contar con un espacio cívico sano y abierto, lo que implica contar con leyes y políticas que favorezcan y reconozcan el trabajo de la sociedad civil organizada para fomentar su crecimiento y desarrollo. 

Lucía Hidalgo*

* Ejecutiva de Alternativas y Capacidades, A. C.


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