Asociaré dos hechos evidentes. El primero de ellos es que, por primera vez en la historia del país, una mujer ocupará la presidencia de la república. También en Guanajuato, por primera ocasión, ocupará la titularidad del poder ejecutivo una mujer. Esa tendencia prevalece en otras entidades, y en la Ciudad de México, de nueva cuenta, una mujer ocupará la jefatura de gobierno. El otro hecho evidente es que una de las prioridades del país es la atención al grave problema de la inseguridad, la violencia y la criminalidad, así como el fortalecimiento al sistema de justicia penal y de seguridad pública, en todos sus niveles.
Sabemos que es un problema complejo, difícil de atender porque comprende varias aristas y para su tratamiento se requiere el enfoque desde diversas disciplinas, a la vista de múltiples factores. No deben tener cabida las respuestas ligeras, deslindadoras y populistas. Tampoco se debe partir de cero, pretendiendo reinventar todo; por el contrario, es momento de rescatar el gran cúmulo de aportaciones existentes para construir mejores alternativas.
México cuenta con contribuciones al respecto que, incluso, han trascendido a nivel internacional. Como muestra de ello referiré algunas contribuciones que emergen de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, organismo que tiene 91 años de existencia; es el más antiguo de México y de América Latina, en esa materia. Actualmente lo preside el destacado penalista Miguel Ontiveros Alonso. Particularmente, me enfocaré en algunas aportaciones de las mujeres académicas de número que pertenecen a ese organismo. Será una brevísima síntesis, pues es imposible abarcar lo deseable en un espacio como éste. Todas ellas tienen una destacada trayectoria académica; una vida dedicada a la enseñanza, la investigación y a la divulgación del conocimiento. Han recibido múltiples reconocimientos, por diversos organismos nacionales e internacionales. También han sido precursoras en el tratamiento de diversos temas que ahora ocupan la agenda nacional en el sistema de justicia penal y de seguridad pública.
Victoria Adato Green. Fue Ministra de la Suprema Corte de Justicia, Procuradora General de Justicia del Distrito Federal, en los tiempos en los que esos espacios muy rara vez eran ocupados por una mujer. Su obra alcanza ámbitos como, por ejemplo, el proceso penal, particularmente sobre la prisión preventiva, así como sobre la metodología de la investigación policial. Con sus investigaciones aplicadas y con su ejemplo de ética en la procuración e impartición de justicia, incidió en el desarrollo del poder judicial federal y del foro mexicano.
Olga Islas Magallanes de González Mariscal. En su paso por el servicio público, destaca haber sido Subprocuradora Especial para la investigación de los hechos relacionados con el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta; fue integrante del Consejo de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua (2004); también lo fue de la Comisión Nacional de la Mujer (1985). Dentro de su vasta obra destaca su contribución, junto con otros académicos, en la elaboración de una teoría del derecho penal que satisfaga las exigencias de toda teoría científica (un modelo lógico-matemático). Su trabajo, con esa orientación, lo inició desde 1965, en el Centro de Cálculo Electrónico de la UNAM. Es una digna representante mexicana del desarrollo científico del Derecho.
María de la Luz Lima Malvido. Fue subprocuradora de Coordinación General y Desarrollo de la Procuraduría General de la República, diputada federal, Ministra de Asuntos Políticos de la Embajada de México en el Reino Unido e Irlanda del Norte. Fue de las precursoras, en México, sobre los estudios de atención a víctimas del delito. También destacan sus aportaciones en materia de prevención del delito, participación ciudadana y criminalidad organizada. Ha vinculado permanentemente el talento académico que la singulariza, con su vocación de servicio público.
Sara Mónica Medina Alegría. Ha participado en organismos internacionales, como la ONU, en la Interpol y en el Instituto de Investigaciones de la Policía de Tokio. Sus aportaciones están en las ciencias forenses; destacan, por ejemplo, el diseño metodológico para la recepción de la cadena de custodia de drogas, un manual para la investigación del lugar de los hechos, y estudios en la implementación de base de datos en materia de balística y genética. Su obra y trayectoria adquieren dimensiones insoslayables en estos tiempos que exigen la aplicación del conocimiento científico-interdisciplinar en la investigación del delito.
Mercedes Peláez Ferrusca. Fue impulsora de múltiples proyectos en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como en su paso como funcionaria en la Secretaría de Gobernación. Sus aportaciones están, sobre todo, en el derecho penal y penitenciario; en los derechos de los internos, así como en materia de reinserción social y derechos humanos.
Alicia Azzolini Bincaz. Gran parte de su servicio público lo ha desarrollado en instituciones de derechos humanos y procuración de justicia. Sus contribuciones están en el ámbito de la política criminal, derechos de la infancia, en el sistema de justicia para adolescentes y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Su conocimiento y experiencia profesional se evidencia con diversas certificaciones que soportan su legado intelectual y profesional.
María Elena Leguízamo Ferrer. Tiene una destaca trayectoria en el Poder Judicial Federal, principalmente como Magistrada de Circuito. Sobresalen sus aportaciones en el campo del amparo penal, donde ha desarrollado investigaciones en temas como el arraigo y los juicios orales. Su pasión por la academia y por la función jurisdiccional marcan su brillante trayectoria.
Ruth Villanueva Castilleja. Fue subprocuradora de Derechos Humanos y Prevención del Delito de la Procuraduría General de la República y visitadora de la CNDH. Sus contribuciones están en el sistema penitenciario y justicia penal para adolescentes, prevención del delito y derechos de la niñez. Ha sabido proyectar el rigor académico con su sentido humanitario, en el abordaje de temas altamente sensibles.
Elisa Speckman Guerra. Ha coordinado grupos de trabajo para proyectos internacionales. Sus contribuciones están en temas como la historia sociocultural de la transgresión, homicidios y opinión pública. Destaca su obra: “Crimen y castigo. Legislación penal, interpretación de la realidad y administración de justicia”. Sus estudios ponen de relieve el alcance multidisciplinar y multifactorial del fenómeno delictivo y sus consecuencias.
Reitero, lo anterior es sólo una pequeña muestra de la gran obra con que las mujeres han contribuido al desarrollo de las ciencias penales y de diversas instituciones. Además, con su enseñanza y ejemplo han incidido en la formación de incontables estudiantes.
Son mujeres que representan la importancia del trabajo serio, relevante y perdurable, ejemplo del talento y la labor de alto impacto. Son mujeres que, por su obra, trascenderán los tiempos.