El sábado 21 de marzo pasado, el SAT eliminó el registro de 13 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y revocó el permiso a 100 para recibir donativos deducibles de impuestos; entre ellas están organizaciones críticas a la 4T desde 2018; Mexicanos
Primero, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad cuya función en las áreas de educación, análisis de políticas públicas y desarrollo económico ha sido vital para generar argumentos con evidencia empírica que permitan analizar y discutir desde una visión crítica el ejercicio del poder de la 4T.
La justificación del SAT fue puntual: esas “asociaciones no cumplieron con los requisitos establecidos en la legislación vigente para mantener su calidad de donatarias autorizadas”.
Una legislación, justo es decirlo, recién modificada por el SAT que transformó sin avisar los mecanismos de validación para este tipo de actividades y generó vacíos en el proceso de certificación. Magnánimo el SAT, sin embargo, otorgó a las 100 OSC un plazo de 12 meses para recuperar su autorización, so pena de verse obligadas a “transferir su patrimonio a otra organización que sí cuente con dicho permiso”.
Ya metidas al laberinto burocrático, las 100 OSC podrían desaparecer en su esfuerzo por transitarlo.
Esta medida, sin embargo, es parte de una estrategia integral de la 4T para desaparecer a las ONG en México, que inicia desde 2019 con cinco vertientes:
Primera, asfixiar de manera selectiva las finanzas de las OSC. Con tal objetivo en mente, AMLO canceló subsidios federales a OSC (2019-2021), bajo la premisa de eliminar transferencias públicas directas a ellas y evitar su papel como intermediarios en programas sociales.
De manera puntual, en 2020, extinguió 100 fideicomisos públicos que beneficiaban a víctimas, defensores de Derechos Humanos, periodistas, científicos y creadores culturales.
De esta manera, AMLO desintegró el modelo de coinversión Estado-Sociedad Civil para desfinanciar y fragmentar a miles de OSC.