A través de la institución matrimonial --de corte civil-- se promueve la igualdad entre los cónyuges; se insta a compartir la responsabilidad para mantener económicamente el hogar; prestaciones sociales como la atención médica, crédito para vivienda o la jubilación, incluyen a ambos; en caso de que uno de los dos trabaje en otro país, puede solicitar que su consorte se traslade para continuar juntos con su vida. Incorpora el derecho a la adopción, si para ello califican. También rubrica el derecho humano que se tiene para formar una familia.
En el estado de México, estos derechos y obligaciones solamente se pueden tener si el matrimonio se lleva a cabo entre un hombre y una mujer, en el sentido heteronormativo; porque la vida closetera goza de cabal salud.
Las parejas del mismo sexo, así como las trans+, no gozan de estos derechos, porque en materia de lo familiar en la entidad continúa definiéndose al matrimonio como se hacía en el siglo pasado, con una visión heterosexista. Ahí ha estado esa idea, esperando a que el sueño de los justos culmine, para poner al día la figura matrimonial, con óptica civil, laica y congruente con los derechos humanos. Así se hace en casi 30 países del mundo civilizado; en la Ciudad de México, desde 2009 y, más recientemente, en otras 11 entidades del país.
Una parte de la comunidad LGBT+ mexiquense espera que en este mes de junio, por demás emblemático para su movimiento, ahora sí tome fuerza la reforma al código civil que propone el PRD, a través de la iniciativa que impulsa la Diputada Araceli Casasola Salazar y el Diputado Omar Ortega Álvarez.
La visión que tercamente ha frenado el matrimonio igualitario en el estado de México y en otras entidades del país, pasa por alto que vivimos en un Estado laico, no clerical; se estremecen al imaginar que millones de gays o lesbianas irán, cual estampida, al día siguiente de la aprobación, a pedir la mano de sus hijos o de sus hijas para casarse.
Si algo más va a la baja es el matrimonio; un porcentaje considerable de parejas que se aman, al margen de su orientación sexo-genérica, no desean contraer nupcias, ni por vía civil ni religiosa. Lo que sí provoca ese rezago jurídico en suelo mexiquense es: exclusión y discriminación debido a la orientación sexual y, eso es anticonstitucional, aquí y en Taiwán.