Es inevitable abordar en esta nota de mi diario de campo los sucesos que padecimos el domingo 22 pasado: la captura violenta de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder máximo del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y la sublevación de los criminales bajo su nómina en 22 entidades del país, que se tradujo en 252 narco bloqueos, docenas de comercios incendiados y centenares de vehículos calcinados. Las bajas en vidas humanas sumaron 25 guardias nacionales, un custodio, un agente de la fiscalía de Jalisco —Honor honori debitus—, 30 civiles armados —posibles soldados del CJNG— y una civil inocente. Las cifras son aún tentativas, porque en la semana se actualizaron todos los días. Harfuch dixit (https://t.ly/aAdkN).
Los detenidos en flagrancia suman setenta, 48 de ellos en Guanajuato, cuatro de ellos bajo el cargo de terrorismo. Pero 23 criminales se fugaron de un penal de Puerto Vallarta gracias a la irrupción de un grupo armado (https://t.ly/f8N3S). Me alegra que en mi estado se haya reaccionado bien a la ola violenta y que se haya apresado a tantos malandros (https://t.ly/Ujd3t). Ojalá que las investigaciones posteriores permitan capturar a los jefes de plaza y al resto de los perpetradores.
Nunca en mi ya larga vida había yo presenciado una insurrección de tanto calado. Los últimos hechos violentos en el Bajío fueron los enfrentamientos de la Cristiada de los años veinte, y sus secuelas bandoleras en los treinta. Mi abuelo paterno Isauro Rionda Liceaga fue militar, capitán de caballería en el batallón Primer Ligero de Guanajuato, y participó en algunas escaramuzas en esos años, incluyendo el rescate del ingeniero Lambert en Guanajuato capital, de manos de unos cuatreros secuestradores pseudo cristeros. Esa es la historia familiar más antigua que conservo de violencia criminal de gran escala, a cien años de distancia.
La violencia social de este nivel es una novedad para mi generación boomer, y lo es mucho más para los de la X, los millennials y demás etiquetas. La guerra urbana toca a nuestras puertas en gran parte del país, incluyendo los antes pacíficos y aburridos pueblos del Bajío. Todo comenzó sin sentirse, con el tráfico de drogas en los ochenta y noventa, cuando México sólo era lugar de paso de opioides y coca —sólo se producía localmente amapola y mariguana—. Pero la demolición de los cárteles colombianos provocó que las pocas bandas de narcos mexicanos tomaran el control no sólo del traslado, sino también de la producción de drogas sintéticas más duras, como las metanfetaminas y el fentanilo.
La creciente dificultad para el trasiego internacional hizo que se exploraran alternativas locales para financiar los expansivos grupos criminales mexicanos: la extorsión, el consumo local, el secuestro real y virtual, el asalto armado, el asesinato y las desapariciones… En fin, los impuestos y derechos no estatales, un peso adicional para la gente de bien, que en el proceso ha perdido su seguridad, sus bienes y sus vidas.
Bravo por los ejecutores civiles y militares. Hago votos por que el Estado mexicano recupere su monopolio legítimo de la fuerza y que sostenga el combate frontal contra el crimen y sus operadores. Por el bien de todos, primero los buenos…