35 mil cuerpos sin nombre

Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Debemos frenar la rutina, suspender cualquier asunto, detenernos de una vez por todas para entender cómo llegamos aquí y redefinir para México una ruta de paz. Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en nuestro país, afirma que “hay más de 35 mil casos de desapariciones registrados y ‘nadie sabe’ qué porcentaje de ellas son obra de las autoridades”.

Ese número aproximado de desaparecidos, que pudiera incluso ser mayor, amerita que el tema sea tratado como un crimen de lesa humanidad. Aunque la ley contra desapariciones forzadas ya ha sido promulgada, la impunidad que en esta materia impera difícilmente podrá contrarrestarse sin una profunda reforma al ejercicio de procuración de justicia.

La deuda del Estado sobre la verdad detrás de estas miles de desapariciones se incrementa día con día. El común denominador es la evidente falta de profesionalismo en las investigaciones. En las dos últimas décadas se ha hecho costumbre la inexplicable renuencia a implementar recomendaciones de expertos para la realización de peritajes confiables y lo más catastrófico es la negligencia para poner en marcha el reconocimiento de cuerpos y restos que se acumulan en los servicios médicos forenses tanto estatales como federales.

De acuerdo con una nota del periódico El Universal, del 5 de abril de este año, el gobierno federal reconoce que hay alrededor de 35 mil cuerpos sin identificar en los servicios médicos forenses, panteones ministeriales y fosas comunes.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibirá la estafeta para atender no solo los reclamos legítimos de las víctimas indirectas de estas desapariciones, sino que deberá resolver este rezago de identificación de cuerpos y restos que parece no tener fin. Por ello, resulta imperante atender las recomendaciones que en esta materia realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI): 1) Crear un programa nacional de exhumaciones que sea profesional, confiable y expedito. 2) Resguardar y custodiar de manera adecuada los lugares donde pueden encontrarse cadáveres, cuerpos y restos. 3) Contar con un sistema único automatizado de identificación dactilar a escala federal.

La certeza de identificar a un ser querido abre al menos un resquicio de paz para quienes cargan el dolor de la permanente incertidumbre.