Algo parece estar atascado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, particularmente en la Subsecretaría para Asunto Multilaterales y Derechos Humanos. En semanas pasadas en el Senado, por unanimidad se votó favorablemente la aceptación de México a la competencia del Comité de la ONU sobre las desapariciones forzadas. Se trata de un logro que las familias de personas desaparecidas que han dado la lucha por distintas vías.
La decisión ha sido saludada por todas las fuerzas políticas, por organizaciones de derechos humanos y por las propias víctimas. Es sin duda un paso hacia adelante que hay que celebrar. Es también un avance en materia de derechos humanos que la 4T podría reivindicar para, efectivamente, presumir logros.
Sin embargo, parece que no todas las instituciones del Estado mexicano están contentas con la decisión o, al menos, de quienes se espera una reacción contundente que muestre voluntad política, no la muestran.
No hay duda de que Martha Delgado es una servidora pública comprometida, con trayectoria y con una capacidad de concretar acuerdos que pocos han demostrado. Sería fundamental que su silencio no sea una señal de que los temas de derechos humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores estén estancados. Llama poderosamente la atención que hasta ahora no hayan saludado ni celebrado la aceptación de la competencia del Comité. También, destaca que no estén apoyando activamente la creación de un Mecanismo Extraordinario para enfrentar el rezago forense.
¿Por qué la SRE no ha hecho pronunciamiento alguno? No se trata solo de dar un mensaje político, sino que su indiferencia signifique que el avance no traiga verdaderas repercusiones en la vida de las víctimas. A pesar de tener una subsecretaría dedicada a los derechos humanos cercana al canciller, no parecen ser una prioridad para Marcelo Ebrard.
Por otro lado, en la Fiscalía General de la República, salvo los incipientes avances en el caso Ayotzinapa, no hay mucho que destacar. Apenas hace unas semanas la FGR y la Conferencia Nacional de Procuradores se abstuvieron de votar favorablemente el Protocolo Homologado de Búsqueda que construyó la Comisión Nacional de Búsqueda y que ayudaría a los colectivos de madres que buscan a sus hijos e hijas.
No podemos dejar fuera al Ejército y a la Marina. Es claro que, empoderados, siguen sin modificar su resistencia de décadas a aceptar responsabilidad en casos de violaciones a derechos humanos y, de hecho, se sabe la incomodidad que les ha ocasionado la competencia del Comité.
Y si nos referimos a la CNDH, basta con ver el desastre de esta semana para concluir que esta instancia no está escuchando a las víctimas y se ha plegado al proyecto político presidencial.
Finalmente, en lo que ha trascendido de la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación no hay un incremento a la altura de la crisis, las asignaciones para Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lo demuestran.
En suma, es bueno que haya avances, pero mientras no todas las instituciones entiendan la magnitud de la crisis de derechos humanos, no habrá cambios de fondo.
@maiteazuela