El 72 es un número que inmediatamente trae a nuestra memoria uno de los acontecimientos que más dolor han causado en México: 72 migrantes (58 hombres y 14 mujeres) de diversas nacionalidades, fueron torturados y ejecutados, durante su tránsito hacia Estados Unidos.
La próxima semana, el 24 de agosto, se cumplirán 10 años de que fueron hallados los cuerpos de las víctimas en San Fernando, Tamaulipas. No hay que perder de vista que el hallazgo es la primera noticia que se tuvo de la masacre. Al día de hoy, las familias poco saben sobre los hechos, la forma en que sus familiares perdieron la vida, y mucho menos de quiénes son los responsables.
A 10 años del hallazgo de los 72 migrantes asesinados, 63 han sido identificados y nueve continúan sin identificación. Sin embargo, siete familias representadas por la Fundación Justicia y el Estado Democrático de Derecho tienen serias dudas de que efectivamente se les haya entregado el cuerpo de sus familiares, pues el proceso de investigación no ha sido diligente y las autoridades han mostrado poca voluntad para dar respuesta a 72 familias. Imperdonable que no hayan hecho un reconocimiento de ADN a estas alturas.
Durante estos 10 años no ha habido una investigación exhaustiva de los hechos. 2010 fue uno de los años que, después de iniciada la guerra contra el narcotráfico, ilustró que la violencia no era producto únicamente de la capacidad de los grupos criminales, sino de éstos en conjunto con autoridades de alto nivel. Ese contexto de macrocriminalidad es justamente la impunidad; es la señal de que la violencia por más aterradora que resulta, no tiene costos para los infractores.
El hecho de encontrar los cuerpos no significa que se haya garantizado el derecho a la verdad, pues para eso debería dilucidarse quienes son los responsables y los involucrados, cómo fueron los hechos, y sobre todo las razones por las que fueron secuestrados, torturados y asesinados. Otra vertiente del derecho a la verdad es identificar los restos de las nueve personas que faltan.
Garantizar una investigación con miras a dar con la verdad, sí implicaría reparar parte del daño a las familias de los 72 migrantes. Para ello, las familias deben ser partícipes del proceso en las mismas condiciones que las mexicanas y con el apoyo institucional necesario, pues son personas en situación de pobreza extrema que obviamente no viven en México.
Con una investigación exhaustiva del caso de San Fernando, se abrirá una oportunidad para saber qué ha pasado con personas migrantes que han sido y siguen siendo secuestradas en su paso por México. En 2009, la cifra de secuestros de migrantes era de 9 mil ocurridos en un periodo de 6 meses y en el que se reportaba participación de agentes del Estado.
A 10 años de la masacre queda mucho por hacer para reparar a las familias de los 72. Además de ofrecer verdad, las autoridades del Estado mexicano deben atender las necesidades de las familias, quienes por su lucha incansable y dolor hoy requieren asistencia médica y cuidados para que sus hijos continúen con sus proyectos de vida, que fueron rotos por el asesinato de sus familiares en busca de un sueño.
@maiteazuela