Cómo debería ser la lucha contra la corrupción? Es una pregunta poco explorada por el gobierno de López Obrador. Es conocido por todos que la lucha contra la corrupción es una de las banderas políticas del Presidente, pero parece solo acertada en el discurso. Empieza a ser una de las mayores debilidades de la 4T a la hora de implementar la estrategia, sobre todo cuando tienen a alguien como Emilio Lozoya en las manos.
No debe ser una apuesta política que busque tener gente a la cárcel, me refiero a que ese no debe ser el fin último. La corrupción es un problema con muchos tentáculos que a su vez son creadores de otros problemas. Ojalá solo se tratara de desvío de recursos o de sobornos millonarios, como en el caso de Lozoya. Pero este problema ha generado también más violencia, violaciones a derechos humanos, más pobreza, etc. ¿de qué nos serviría tener gente en la cárcel, si la lucha contra la corrupción no nos está ayudando a resolver los problemas que provocó este mal?
La lucha contra la corrupción debe estar inmersa en un proceso de búsqueda de la verdad y rompimiento de los pactos de impunidad.
Cuando se supo que Lozoya aceptó la extradición a México parecía obvio que, previo a esa aceptación, había un acuerdo político. Lozoya había puesto sus condiciones y el gobierno mexicano también. Nada de malo tiene un acuerdo de este tipo si está asentado en el marco legal. El problema es cuando empieza a volverse catástrofe cuando el único beneficiado será el imputado.
Emilio Lozoya tuvo su audiencia inicial y, según la información con la que contamos, sus privilegios deben ser incentivos para un proceso de colaboración que otorgue información al gobierno para llegar a la verdad y desmantelar los pactos de impunidad.
A pesar de haber sido prófugo de la justicia, el juez no le dictó prisión preventiva a pesar de ser un ex funcionario acusado de corrupción, de modo que no es descabellado presumir que volverá a fugarse.
Efectivamente la prisión preventiva no reduce los índices delictivos en el país ni incentiva a los imputados a colaborar con la verdad, que es lo más importante cuando se cometió un delito. La discusión no gira en torno a si el juez debió dictársela, sino a que esa decisión está inmersa en un acuerdo entre Lozoya y el Estado mexicano. Si a ese acuerdo le sumamos que no habrá colaboración que fortalezca la lucha contra la corrupción, entonces lo que puede leerse, nuevamente, es una actualización del pacto de impunidad y de justicia simulada.
Lo anterior tiene mayor relevancia cuando vemos que las personas más afectadas por la prisión preventiva son las más pobres y por delitos mucho menores que el desvío de 23 mil millones de pesos y sobornos de empresas extranjeras como Lozoya. El hecho de que Lozoya siga su proceso en libertad se trata de un pacto más que de respetar la ley.
Finalmente, la exigencia en este momento es que la Fiscalía General de la República en los próximos días genere acciones contra los implicados en las redes de corrupción de Lozoya y busquen la satisfacción de la sociedad mexicana.
@maiteazuela