Entre las cifras aceptadas oficialmente y las que calculan los especialistas y organizaciones que se dedican a temas de desaparición forzada, se habla de aproximadamente 40 mil desaparecidos y 30 mil cuerpos sin identificar en las morgues del país.
El sexenio pasado, con la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas que se realizó hasta el último trimestre del sexenio, se anunciaba que de 37 mil 485 personas desaparecidas solamente 340 habían sido plenamente identificadas con nombre y apellido y, la mayoría tenía hasta una década sin que sus familiares supieran de su paradero.
Durante lo que va de este sexenio, no se han dado a conocer cifras oficiales que revelen una tendencia distinta. En contraste se han tomado decisiones presupuestales que desatan inquietudes considerables. ¿Si al inicio del año la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico había asignado 32.4 millones de pesos a la búsqueda de personas desaparecidas, por qué lo redujo únicamente a 4.4 millones de pesos?
Uno de los aciertos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue el nombramiento de Karla Quintana como comisionada nacional de Búsqueda, a quienes los colectivos de familias de desaparecidos le reconocen su profesionalismo. Sin embargo, la complejidad de los procesos de búsqueda e identificación de cuerpos requiere de una infraestructura institucional que cuente con los recursos de forma oportuna.
Si al raquítico presupuesto que han dejado para búsqueda, le sumamos que no fue posible ejercerlo en el primer trimestre del año, el subejercicio como responsabilidad de quien restringió el acceso es una alerta inminente de que el acompañamiento profesionalizado en la búsqueda de desaparecidos no es un asunto que sea tomado con seriedad por quienes deciden sobre los egresos federales.
Pareciera que quien tomó la decisión de este recorte, asumió que si el ejercicio de los cuatro primeros meses del año era de 3.3 millones de pesos, hacer un recorte de más de 80 por ciento de lo originariamente asignado era pertinente. Insensibilidad a flote.
Hay dos consideraciones que deben atenderse por separado, la reducción del presupuesto que incluso es más radical si consideramos lo que se había presupuestado en 2018 y las restricciones para acceder a ese presupuesto con una estructura esquelética. Ambas son preocupantes, pero son injustificables las limitaciones burocráticas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les impone para ejercer el presupuesto.
Recortes presupuestales y dificultad para acceder a los recursos, son pan de cada día en las comisiones de búsqueda que están habilitadas en algunas entidades federativas, ya que los lineamientos para el otorgamiento de presupuesto, fueron publicados hasta finales de marzo en el Diario Oficial de la Federación.
El presidente López Obrador ha dicho más de una vez que la búsqueda de desaparecidos es una prioridad de su gobierno, incluso habló de ofrecer disponibilidad ilimitada de recursos para ello. Quienes tengan la encomienda de financiar este compromiso lo están postergando.
@maiteazuela