El escándalo del líder religioso de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien fue detenido por presunta producción de pornografía infantil, violación de un menor y tráfico de personas, entre otros delitos, ha puesto los reflectores sobre un problema que no solo requiere visibilidad pública y reprobación social, sino que debe atenderse como un patrón del crimen organizado en México.
Para quienes nos asumimos defensores del Estado laico indigna que se le haya dado espacio a La Luz del Mundo en un recinto como Bellas Artes y que ahí se haya intentado ofrecer un homenaje a su líder. Lo que aumenta el grado de inadmisibilidad de esta fallida distracción es que esa persona se ha dedicado a dirigir una red de pederastia y pornografía infantil. Pero si ponemos los ojos en lo verdaderamente importante, lo que debemos atender es que en México la pornografía infantil y el abuso sexual de menores es asunto de escándalos y no se atiende como fenómeno del crimen organizado en el que la presunta complicidad de las autoridades es elemento clave.
Llama la atención que algunas religiones y sectas sean terreno fértil para la generación de redes de pornografía y abuso infantil. Pareciera que donde se concentran fanatismos que restringen las libertades y los derechos, las tentaciones por lo prohibido alcanzan niveles de perversidad capaces de dañar hasta a las personas más vulnerables e indefensas.
Los antecedentes de impunidad que caracterizaron a las administraciones pasadas en casos como los de Marcial Maciel, quien fuera líder de los Legionarios de Cristo, e incluso las denuncias contra la presunta complicidad del entonces cardenal Norberto Rivera, tomaron años para tener consecuencias penales, que hoy en día siguen siendo insuficientes.
La participación de grupos religiosos en este tipo de delitos obligaría a que hubiera alguna repercusión en los registros que les otorga la Secretaría de Gobernación para institucionalizar sus asociaciones religiosas en el país. Además, hay otras instancias gubernamentales que podrían articularse para impulsar una estrategia integral contra la pornografía y el abuso infantil, como el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República, entre otras.
¿Cuántos funcionarios públicos habrán visto pasar carpetas de denuncias que implicaban a líderes religiosos o políticos en casos de pornografía infantil o pederastia y no hicieron nada? ¿Será que no se generan investigaciones sólidas que les permitan tomar decisiones estratégicas para desintegrar redes de pornografía y abuso infantil?
Hacen falta mecanismos de denuncia realmente accesibles para los menores y que les den garantías de seguridad. La impunidad se concentra en la carencia de procedimientos de investigación y sanción que hoy en día suelen revictimizar a los menores.
No es solo problema de una secta religiosa que cuenta con simpatizantes en las esferas gubernamentales, sino una crisis institucional que permite que esta y otras organizaciones delictivas abusen sexualmente de nuestras niñas y niños.
@maiteazuela