El ataque contra una escuela de niñas en Minab, en Irán, donde más de 160 menores perdieron la vida tras el impacto de misiles, ocurrió en un momento particularmente revelador: fue precisamente al inicio de las agresiones militares lanzadas por Estados Unidos e Israel, cuando —según la narrativa diplomática occidental— todavía se sostenían conversaciones con Teherán. La guerra comenzó, así, mientras la diplomacia aún pretendía existir.
La tragedia debería sacudir la conciencia del mundo. Sin embargo, como tantas veces ha ocurrido, el horror corre el riesgo de diluirse en una cifra más dentro del tablero geopolítico donde las potencias deciden y los pueblos pagan.
Las versiones oficiales de Estados Unidos e Israel han transitado entre la negación, la investigación en curso y la ambigüedad estratégica. Pero incluso si se aceptara la hipótesis más indulgente —la del “error” o daño colateral— el reporte de dos impactos en el mismo sitio vuelve cada vez menos convincente la explicación técnica y más inevitable la pregunta política: ¿quién responde por la vida de esas niñas?
El problema, sin embargo, trasciende la autoría del ataque. Lo verdaderamente revelador es la incapacidad estructural de la comunidad internacional para imponer límites reales a las grandes potencias. La Organización de las Naciones Unidas, concebida tras la Segunda Guerra Mundial como garante de la paz, parece haberse convertido con el paso del tiempo en un foro de sordos: un espacio donde las mayorías hablan, pero unos cuantos deciden.
El origen del problema es estructural. El poder de veto de cinco países en el Consejo de Seguridad permite que resoluciones respaldadas por amplias mayorías queden neutralizadas por intereses geopolíticos. No importa cuántos países levanten la voz; basta con que uno de los poderosos levante la mano.
Por eso, cada tragedia como la de Minab vuelve a colocar sobre la mesa un debate largamente postergado: la reforma del sistema internacional. Diversos países han propuesto ampliar el Consejo de Seguridad para incluir nuevas potencias regionales, limitar el veto y fortalecer el peso de la Asamblea General en decisiones globales.
Pero cualquier reforma real tendría que ir más allá de la representación simbólica. Debería crear mecanismos que otorguen obligatoriedad efectiva a las decisiones respaldadas por amplias mayorías de Estados, estableciendo consecuencias para quienes decidan ignorarlas.
Porque un orden internacional donde las reglas solo obligan a los débiles no es un sistema de derecho. Es, simplemente, un sistema de poder. Y mientras ese desequilibrio persista, tragedias como la de Minab seguirán dejando la misma pregunta incómoda sobre la mesa: si la mayoría del planeta no puede poner límites a las potencias, entonces ¿para qué sirve realmente la ONU?