Las altas erogaciones que el gobierno federal destina todos los años para pagar las multimillonarias pensiones a trabajadores del Estado -superiores a los 94 mil millones de pesos-, serán recortadas para equilibrar las finanzas públicas, de lo contrario se registrará otro colapso económico en el corto y mediano plazos.
Debido a las prebendas de las que disfrutaron siempre los hoy ex trabajadores y jubilados de las paraestatales Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro, entre otras, -por cierto, empresas con graves deficiencias de toda índole- enfrentarán disminuciones en sus ingresos mensuales.
Con el fin de lograr ese objetivo, la presidenta Claudia Sheinbaum enviará el lunes a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional que se refiere a los salarios y emolumentos de los funcionarios o servidores públicos.
La propuesta de la presidenta será para que las pensiones alcancen un nivel máximo de 74 mil pesos y no los más de 100 mil que registran muchas de ellas en la actualidad y que causan desde hace ya varios años un déficit en el gasto corriente.
Hasta hoy, el artículo 127 de nuestra Constitución refiere que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la del Presidente de la República, con lo que se busca equidad en las percepciones federales, estatales y municipales.
Asimismo, garantiza remuneraciones adecuadas, irrenunciables y públicas y determina que los ingresos no superen al otorgado al propio Jefe del Ejecutivo, por lo cual ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República.
La medida que impondrá Sheinbaum a jubilados y pensionados a partir de la primera quincena de marzo, arrojará reacciones de miles de ex trabajadores del Estado que sin duda, unos interpondrán a la medida irrevocable que entrará en vigor a partir a los siguientes 60 días de su publicación.
Los más beneficiados de las jugosas pensiones gubernamentales han sido, a través de más de 50 años, los ex trabajadores de Pemex, de la CFE y los más de 27 mil empleados de Luz y Fuerza del Centro, intervenida en 2009 bajo el mandato de Felipe Calderón.
Fiel a su costumbre de imponer desde la mañanera su voz y su dicho, Sheinbaum anunciará que ese recorte causará beneficios económicos a las finanzas públicas con un ahorro sustancial de varios miles de millones de pesos.
Ahora sí la presidenta -como lo hace de manera cotidiana- podrá culpar a Calderón de todos los problemas heredados, de grandes liquidaciones que se le entregan a los otrora trabajadores de la paraestatal, y que le causan grave daño a las finanzas públicas.
Si lleva a cabo la presidenta esa serie de medidas que en realidad coadyuven al ahorro en las finanzas públicas, México estará en otro sendero financiero en donde el grueso de la economía podría alcanzar una estabilidad y un crecimiento que tanta falta le hace a la nación en su conjunto.
Y después vendrá una revisión exhaustiva a las ayudas y pensiones que entrega todos los meses a los más de 5 millones de mexicanos a través de la pensión del bienestar, ya que habrá una nueva retabulación a partir de los recortes que adoptará la hoy presidenta de México a través de nuestra Carta Magna.
Notas de Trascendencia
La Asociación 50+1 (50 mas uno) que es un colectivo feminista nacional e internacional encabezada por la lideresa chiapaneca María Elena Orantes, sigue en expansión, ya que está conformada por mujeres líderes en política, academia, iniciativa privada y sociedad civil.
Su objetivo es impulsar la igualdad de género, defender los derechos humanos de las mujeres y asegurar su participación activa en los espacios de toma de decisiones, con presencia en México, Estados Unidos y otros países.
Por ello, debido a atribuciones que se adoptaron en Quintana Roo, la dirigencia nacional mencionó que con fecha 17 del presente se dio a conocer el posicionamiento público del Capítulo Quintana Roo y estatus institucional.
En seguimiento al proceso de reencauzamiento institucional de 50+1 a nivel nacional, se dejó constancia que, con fecha 16 del presente, Ludivina Menchaca Castellanos, quien fungía como presidenta del denominado Capítulo Quintana Roo, emitió un comunicado público unilateral dirigido a la opinión pública y a la sociedad civil del estado, en el que se atribuye la representación exclusiva y legitimidad del nombre 50+1 Capítulo Quintana Roo A.C.
Dicho posicionamiento no fue consultado, validado ni autorizado por la instancia nacional vigente de 50+1, ni forma parte de los procesos internos actualmente en curso para la revisión, regularización y homologación del estatus de los capítulos estatales, conforme al estatuto.
Es importante precisar que, derivado de los acuerdos adoptados por la Asamblea General de Asociadas, debidamente protocolizados, el Colectivo se encuentra en una etapa de ordenamiento institucional, que incluye entre otros la revisión del estatus legal y operativo de todos los capítulos y la definición de criterios homologados de representación.
De igual forma, el uso institucional del nombre, logotipo y emblemas. En este contexto, ningún capítulo estatal puede autonombrarse, validarse o descalificar a otras instancias mediante comunicados públicos, ya que la determinación de su estatus corresponde exclusivamente a los órganos nacionales competentes, conforme al estatuto.
La institución indicó que el posicionamiento referido se produce en un contexto de alineamiento con la administración nacional previamente removida, lo cual será considerado dentro del análisis institucional del capítulo, sin que ello implique, por ahora, un pronunciamiento definitivo sobre su situación jurídica o representativa.
La agrupación aseguró que privilegia el diálogo, la legalidad y el respeto, por lo que cualquier definición respecto al Capítulo Quintana Roo será atendida por las vías internas correspondientes, evitando confrontaciones públicas que no abonan a la unidad ni a las causas que la convocan.