Entre los sistemas de gobierno, el más aceptado por los países occidentales es el republicano, que es opuesto al monárquico y a cualquier dictadura.
Se basa en el voto popular por el cual se eligen a los gobernantes. Por lo anterior, los votados se deben originalmente a los electores más que al partido al cual pertenezcan, dado que el sistema pretende evitar la concentración del poder.
En cualquier caso, al aceptar el sistema republicano prescrito por la Constitución, se estructuran en poderes, que son el Ejecutivo (conducción política y administrativa), el Legislativo, (para debatir sobre las leyes y las decisiones administrativas) y el Poder Judicial (cumplimiento de las leyes y de los principios fundamentales del orden público).
Los poderes se ejercen en un mutuo contrapeso para evitar, teóricamente, la concentración de ese poder.
Difícil que un gobernante se pliegue al 100 a la teoría republicana, porque en el Ejecutivo hay apetito por desbordarlo en la toma de decisiones: las metaconstitucionales.
En México, el Poder Judicial que realmente ha sido ejemplo de contrapeso, se encuentra desde el inicio del presente sexenio seriamente amenazado por los otros dos, que forman un especie de binomio en cuanto los miembros del Congreso, en su mayoría, se pliegan arbitrariamente a la voluntad del Ejecutivo.
Y esto pone en serio riesgo al sistema republicano, garante de la vida democrática, porque para llegar a la dictadura hay un paso: el Congreso, dominado por mayorías, es capaz de redactar leyes que terminen con las instituciones que le puedan estorbar a sus proyectos de control.
Se requiere que los poderes Legislativo y Judicial actúen como entes independientes del Ejecutivo, que le hagan contrapeso y eviten dar más pasos hacia una indeseable dictadura: no al “sortilegio” del autócrata que al apoyar su elección, se vuelven seguidores automáticos.
Ahora mismo está en juego esta lucha por conservar el sistema, ante el inminente nombramiento de la persona que substituya al ministro que recién renunció… para adherirse a un sistema político-electoral.
Ya está en la agenda la primera terna y el Senado tiene 30 días para elegir a la ministra; de lo contrario, ocupará el cargo la persona dentro de dicha terna que designe el Presidente (artículo 96 de la Constitución).
El problema es que las tres personas en concurso están apegadas al Ejecutivo, al cual le deberán 90% de lealtad; dice el columnista Fernando Garfias: “Estamos ante el riesgo de una colonización obradorista de la Suprema Corte”.