Es característico el debate en los países democráticos; es una práctica sana y viable para evitar las confrontaciones que pueden llevar a la violencia cuando no se le da curso o se desestima la práctica.
Es la fórmula inteligente para llegar a conclusiones que favorecen la integración social a través de definiciones que den viabilidad a la convivencia en una sociedad en la que no todos están de acuerdo, pero que razonan en objetivos de interés común aunque difiera el método.
Ahora bien, si los acuerdos son votados por mayorías parlamentarias pero que afectan la vida republicana, ante ello está como recurso el amparo ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo criterio constitucional debe ser la salvaguarda de esa democracia que se pretende conservar. Pero dada la conformación del nuevo Tribunal, hay razonables dudas en su criterio final.
La Corte en el pasado ha sido objeto de duros ataques de una fracción del Poder Legislativo cuando no le favorece la declaración de inconstitucionalidad, pero siempre a salvo por el argumento esgrimido que invariablemente es un mandamiento de la Constitución.
El problema surge cuando se dan acuerdos por mayoría calificada la cual posee prácticamente materia que se ejecuta en cuanto se publica en el Periódico o Diario Oficial, según se trate de un acuerdo local o federal.
Se argumenta al ir contra decisiones del Supremo Tribunal, que no tiene capacidad de evaluar si un asunto legislativo se encuentra o no debidamente discutido, ya que esa no es una facultad del Pleno de la Cámara respectiva.
Pero es evidente que ese pleno tiene la potestad de decidir si un asunto fue suficientemente debatido o discutido; sin embargo para que esa fórmula se concrete y sea posible ejecutarla, es necesario que antes se hayan agotado los procedimientos que permitan la deliberación democrática.
Es una fórmula válida… siempre y cuando no exista urgencia superior que impulse una votación inmediata, trasgrediendo al Poder Legislativo que en esencia debe ser entidad independiente y autónoma, con capacidad legal de convertirse en contrapeso de otro poder.
En el caso de “dispensa de trámite” es obligatorio exponer las causas de manera convincente y con base en la normatividad.
El riesgo puede ser el decidir qué organismos de gobierno “estorban” a la persecución de un sistema gubernamental que atente contra la vida democrática. Tardíamente parte del electorado ha comprendido la importancia de votar por los representantes populares que formarán ese Poder.
Pertenecer al Poder Legislativo parece muy cómodo y sin aparente responsabilidad, pero desde regalada curul, sólo se trata de ver de reojo y de levantar la mano según secreta contraseña, para que su voto aparezca como solidaridad ajena a los electores.