Hace ya varios años que el llamado "estilo étnico" cobró fuerza en las tendencias de la moda a escala mundial. De pronto se hizo común encontrar bordados de diseños inspirados en las creaciones tradicionales de pueblos indígenas convertidos en modelos estilizados comercializados por marcas nacionales y extranjeras.
Las ambigüedades jurídicas y la inexistencia de un marco legislativo integral que tutele la autoría de las creaciones o expresiones artísticas de nuestros pueblos y comunidades indígenas ha propiciado que sean reproducidas sin el reconocimiento de su autoría, sin retribución alguna ni mucho menos sanción.
En 2015, el emblemático caso del plagio de la blusa de Santa María Tlahuitoltepec Mixe en Oaxaca, bajo la firma de la diseñadora francesa Isabel Marant, puso de manifiesto el problema ante la opinión pública nacional e internacional. El tema no es menor, representa una violación a los derechos culturales de las y los artesanos, pero además impacta en la fuente de ingreso de las miles de familias que se dedican a esta labor, que en su mayoría viven en zonas de alta marginación.
Con esta motivación, desde diciembre de 2015, presenté junto con otros legisladores oaxaqueños una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual de los pueblos y comunidades indígenas, que pone en la mesa precisamente algunas propuestas para elaborar un marco jurídico integral, cuyo objetivo sea establecer reglas y procedimientos para garantizar que los conocimientos tradicionales y creaciones de los pueblos y comunidades indígenas estén protegidos por el derecho de autor, como derechos colectivos de dichos pueblos y comunidades, previendo además que el uso o reproducción sin fines de lucro de las creaciones y expresiones artísticas de los pueblos y comunidades indígenas sea permitido siempre y cuando se reconozca el origen o autoría de dicho diseño, y en caso distinto, es decir, que se pretenda comercializar alguna obra o reproducción original que pertenezca a algún pueblo o comunidad indígena por personas distintas a quienes realizan actividades artesanales, deberá en ese caso, además de reconocer el origen del diseño, contar con previa autorización de la autoridad a quien se le faculte para llevar un registro para catalogar y difundir la autoría de las comunidades indígenas y, en forma adicional, retribuir en forma económica a dichas comunidades con un porcentaje de sus ventas totales de esos diseños o productos.
Dicha iniciativa sigue pendiente de dictaminación, al igual que otras iniciativas presentadas por compañeros legisladores que han retomado el tema para proteger la producción artística y artesanal de los pueblos indígenas de su copia e imitación industrial. Resulta improrrogable que iniciemos un debate y análisis profundo sobre las medidas a tomar al respecto, pues de lo contrario, la desprotección vigente deja en una situación muy débil a nuestros artesanos frente a empresas extranjeras.
Prueba de ello es que tan solo el mes pasado se dio a conocer un nuevo caso de plagio cometido por una empresa española, en esta ocasión de un diseño de San Juan Bautista Tlacoazintepec, Cuicatlán. Días más tarde, el Museo de Arte Textil de Oaxaca, a través de su cuenta de Twitter también denunció otro plagio presuntamente cometido por una empresa de origen texano respecto de un diseño típico de la Cuenca oaxaqueña. Según fue denunciado, el actuar de esta empresa de moda no representa casos aislados, sino que es una práctica común usar diseños de comunidades de los estados de Oaxaca, Chiapas y Guatemala.
Es importante mencionar que ya existe un marco normativo internacional que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a proteger la propiedad intelectual de su patrimonio cultural, así como al fomento y protección de la actividad artesanal, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas(1) y la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.
En Latinoamérica, existen además avances en cuanto al reconocimiento y tutela de estos derechos, como el caso de Bolivia que reconoce el derecho a la propiedad intelectual colectiva de los saberes, ciencias, creaciones y conocimientos de su población indígena. Sin duda es momento de que México haga los ajustes legislativos necesarios para que nuestro marco jurídico en la materia esté a la vanguardia.
Celebro los avances que desde el gobierno federal se están impulsando, como la implementación del Padrón Nacional de Artesanos, que permitirá identificarlos y acreditarlos, sin duda es un primer gran paso para el reconocimiento de la autoría de sus creaciones. A esto puede sumarse otra medida propuesta en la iniciativa que presentamos respecto a que el Instituto Nacional del Derecho de Autor instrumente el registro de conocimientos tradicionales, creaciones y expresiones artísticas de los pueblos y comunidades indígenas, para su catalogación y difusión.
La nación mexicana tiene la tarea impostergable de hacer las adecuaciones necesarias para tener un marco jurídico de avanzada, que proteja de manera efectiva los derechos de propiedad intelectual de los pueblos y comunidades indígenas y establezca sanciones que puedan hacerse efectivas, ya que además de la importancia
de proteger la riqueza cultural de nuestros pueblos originarios, el sector artesanal tiene gran impacto cultural, social y económico para el país. México es el tercer país más importante del mundo en actividad artesanal, con una población dedicada a este rubro de cerca de 12 millones de mexicanas y mexicanos. El sector cultural aporta 2.8 por ciento del PIB nacional, que representa alrededor de 450 mil millones de pesos, cifra importante dentro de la cual las artesanías tradicionales aportan 20 por ciento.
Sin embargo, alrededor de 1 millón 300 mil artesanos son considerados población subocupada, porque su escasa remuneración no alcanza para cubrir sus necesidades básicas, y por lo tanto tienen que conseguir otras fuentes de ingreso para completar. Y les dejo un dato muy revelador: de acuerdo con los registros del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), 70 por ciento de la población artesana del país son mujeres, y digo muy revelador, porque ilustra que existe una importante población directamente afectada con esta desprotección del marco jurídico vigente: las mujeres indígenas. Un tema más que debemos incluir en la agenda pendiente que queda por atender en materia de igualdad entre hombres y mujeres.
En el contexto de la celebración del Día de las y los Artesanos, que se conmemoró el pasado 19 de marzo, me parece importante enfatizar que proteger la autoría de nuestro arte popular mexicano es dar un paso adelante para saldar la deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos originarios y, especialmente con las mujeres indígenas. Este gran paso contribuirá a que el componente pluricultural de nuestra nación se traduzca en la riqueza de nuestra cultura y no en su vulnerabilidad.
(1) Fue adoptada el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General de la ONU, en su 61 Periodo de Sesiones, contando con el voto a favor de la representación de México.
*Abogada y diputada federal por Oaxaca. @marianabenitezt