La propuesta fue aprobada por a vía rápida en la Cámara de
Representantes de los Estados Unidos. Apenas el martes pasado, el congresista del Partido Republicano, Jason Smith propuso un paquete de reformas legales al Comité de Medios y Arbitrios, la comisión principal que se encarga de redactar aquellos temas legales que tengan que ver con temas fiscales. Entre una media docena de temas, se incluía una tasa arancelaria de 5% a las remesas al exterior enviadas por personas que no tengan la calidad de ciudadanos estadounidenses. Dicho de otra forma, es un impuesto especial que afecta a uno de cada 20 dólares que los indocumentados envíen a sus países de origen.
Se pretende que este impuesto del 5 por ciento sea pagado por la persona que envía la remesa, y las empresas serían las responsables de aplicar las deducciones, retenerlas, y enterarlas al tesoro estadounidense.
Lo anterior, tiene un gran impacto en países como México, que es el receptor de uno de cada 10 dólares que se transfieren en el mundo, de manera tal que el envío de remesas se posiciona desde hace cosa de una década como la principal fuente de ingreso de divisas al país.
Según cifras del Banco de México, durante el primer trimestre del año, es decir, de enero a marzo pasado, entraron al país 14 mil 269 millones de dólares lo que mostró un aumento del 1.3% respecto al mismo periodo del año anterior.
Guanajuato, como entidad federativa, recibió en el mismo periodo más de mil 218 millones de dólares, siendo superado solo por Michoacán, con casi mil 270 millones de dólares, y Jalisco, con casi mil 250.
Llama la atención que Guanajuato supera en recepción de remesas a entidades que son densamente pobladas, como la propia Ciudad de México y el Estado de México, quienes apenas rondan los mil millones de dólares.
Aunque las cifras del Banco de México acumulan las remesas que entran al país desde todos los países, cabe considerar que dada la dinámica poblacional, Estados Unidos es el país desde el cual se transfieren la gran mayoría de las divisas que ingresan a México.
Al respecto, el Senado de la República ya ha protestado formalmente por la iniciativa, por considerarla violatoria de los derechos humanos de los migrantes mexicanos.
De aprobarse en el Senado estadounidense, la medida entraría en vigor a partir del ejercicio fiscal de 2026.