Es esa época del año donde las finanzas públicas ganan escrutinio. El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda hizo entrega oficial del Paquete Económico 2027 y abrió la discusión pública sobre el rumbo del erario. Con márgenes de maniobra acotados por el bajo dinamismo económico, la revisión del T-MEC y la lupa de las calificadoras de deuda, había espacio estrecho para sorpresas. El gobierno sobrio de la presidenta Sheinbaum se plasma en un presupuesto responsable que desatará tantas inconformidades legítimas como consignas desproporcionadas.
El paquete contiene contadas novedades. Apuesta por la continuidad. Para sus detractores, el ahorro bruto propuesto de 0.6 por ciento sobre PIB (superávit primario) sería insuficiente para frenar el aumento de la deuda pública, al alza por el pago de intereses y no por un gobierno manirroto. En contrapunto, los recortes de tasas de interés del Banco de México alivian una trayectoria de endeudamiento sostenible, amortiguada también por incrementos continuos en los ingresos tributarios. Recaudar más en relación al tamaño de la economía crea capacidad de tomar prestado. Irresponsable sería gastar sin tributar (desahorro bruto persistente).
Por el lado de los ingresos, mitad menos seductora por economía política, el combate a la evasión mantiene prioridad. Para incentivar la formalidad, la Ley de Ingresos aumentaría la base potencial de tributantes del Régimen Simplificado de Confianza con un alza de 43 por ciento al techo de personas físicas y morales. Para combatir las operaciones simuladas, restringiría la aplicación de pérdidas fiscales y estandarizaría las deducciones autorizadas a empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos y cinco años o más de operación. Además, limitaría la deducción de intereses netos a 20 por ciento desde el 30 por ciento vigente. Si bien estas iniciativas cumplirían la misión de recaudar más entre quienes más tienen, dejarán inconformes a quienes promueven una reforma fiscal para relajar las amarras a la inversión pública y reducir más las desigualdades.
En cuanto al gasto, el Proyecto de Presupuesto de Egresos propone un aumento de 0.7 por ciento real respecto al aprobado para 2026. Es razonable en sus pormenores. Dos motores marcharían muy por encima de la inflación: las transferencias federales a las entidades federativas (4.6 por ciento real) y la inversión física (3.5 por ciento real). Los programas sociales aumentarían al ritmo de la inflación. En cambio, el gobierno federal apretaría el cinturón mediante el gasto corriente y los subsidios a Pemex, que se contraerían a un tercio del monto otorgado en 2026.
La inversión física merece un aparte. En 2025, la inversión total fue de 22.7 por ciento del PIB (3.1 por ciento pública, 19.6 por ciento privada) y quedó muy por debajo del umbral mínimo de 25 por ciento para crecer a tasas elevadas. Aun así, el letargo económico amaina tras dos años complejos en los que la austeridad y la consolidación fiscal impusieron un corsé. En el segundo trimestre de 2026, el PIB creció a una tasa trimestral —no anualizada—de 1.4 por ciento, nuevo máximo sexenal. Asimismo, la inversión bruta fija retornó al crecimiento tras dos años de caídas continuas. Si bien es temprano para cantar victoria ante la pegajosa incertidumbre del T-MEC, el presupuesto es clave para mantener la inercia positiva.
En respuesta al paquete, la ortodoxia protesta desde la víspera. La revista The Economist, conocida por su proximidad al liberalismo económico, a grupos empresariales y a intereses geopolíticos del Estado británico, fijó una postura crítica. “La credibilidad en el paquete presentado será clave para evitar que la confianza de los inversionistas siga erosionándose y para que México no siga pagando altas tasas al endeudarse”, consideró. Aunque exagera y es selectiva en sus juicios, no está sola en el diagnóstico.
Las agencias calificadoras siguen con lupa las finanzas públicas del país. En mayo, la segunda agencia más grande del mundo, Moody’s, rebajó la deuda del gobierno mexicano a sólo un nivel por encima del grado especulativo, también llamado “bono basura”. La más grande, S&P Global, advirtió que podría seguir los mismos pasos y mantiene la perspectiva negativa, antesala de un recorte. La tercera en importancia, Fitch, ya califica los bonos mexicanos apenas dentro del grado de inversión. Despotricar contra los imperfectos jueces del crédito es un debate perdido de antemano.
Las finanzas públicas entran a etapa crítica. El gobierno federal asume riesgos sensatos con tal de preservar la tendencia positiva de indicadores como la inflación, la exportación de computadoras y la inversión. Sumar vigor a la construcción de obras equivale a comprar un seguro contra los brotes de incertidumbre originados en Washington. Bajo esa mira, el modesto gasto adicional está justificado. Una amenaza mitigable es que los yields soberanos aumenten por mayor premio de riesgo y atraigan capitales golondrina en busca de retorno apalancado (carry trade), lo cual podría sobreapreciar al peso mexicano y deteriorar la cuenta corriente.
Decía William Faulkner que “no puedes nadar hacia nuevos horizontes hasta que tengas el coraje de perder de vista la orilla”. En este caso, en la orilla aguardan interrogantes que dependen de una marea favorable. Cualquier desvío de los pronósticos acarrearía una penalización, como también sería castigado dejar de nadar. El Paquete Económico 2027 eligió el menor de los inconvenientes. Sin desfondarse por un súbito sentido de urgencia, bracea a nuevos horizontes.