En cualquier sociedad democrática que aspire a ser moderna, el conocimiento científico y tecnológico —basado en investigación rigurosa, evidencia confirmable y razonamiento lógico y sólido, y revisada y verificada por el escrutinio minucioso y constante de una comunidad de expertos— es indispensable para tomar decisiones acertadas en un sinnúmero de asuntos de gobierno.
Un gobierno que se apoye en la ciencia y la tecnología más avanzadas posible será un gobierno exitoso, de un país próspero. Un gobierno que elija ignorar el conocimiento científico y técnico correrá el riesgo de tomar decisiones trágicamente erradas.
Hoy el presidente electo de nuestro país anuncia medidas que suenan bien para mostrar que cumplirá sus promesas de campaña, pero que parecen más estar basadas en ocurrencias y caprichos —como la de descentralizar secretarías de Estado y organismos de gobierno como el Conacyt, sin que hasta el momento haya la menor justificación de por qué hacerlo o por qué se han elegido las ciudades mencionadas— que en datos confiables, información certera y, sobre todo, valoraciones expertas.
El tema que domina es el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco, cuya obra como se sabe ya está muy avanzada. La alternativa planteada por López Obrador es habilitar la base aérea de Santa Lucía para complementar la instalación actual. López Obrador ofreció “cancelar” el NAIM desde su campaña, y efectivamente, el proyecto tiene claroscuros que justifican que sea revisado a fondo para valorar los pros y contras de la decisión.
Parecería que eso es lo que el futuro mandatario está haciendo, al convocar a expertos, partes interesadas y futuros miembros de su gabinete a analizar el caso. No deseo meterme a analizar los distintos aspectos técnicos, ambientales, económicos, políticos y demás que involucra el proyecto, puesto que ya se están discutiendo ampliamente en los medios. Pero sí mencionaré que preocupa, y profundamente, la manera como se planea tomar la decisión. El gobierno entrante ya presentó un informe con un balance costo-beneficio, pero se anunció también que el resultado de un análisis experto encargado a la organización no lucrativa Mitre, asociada al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), una de las más prestigiadas instituciones en el campo de la ciencia y tecnología, ha determinado que la opción de conservar el actual aeropuerto y complementarlo con el de Santa Lucía es totalmente inviable.
Aún así, López Obrador insiste en buscar otros análisis y, más grave, ha anunciado que en octubre, luego de poner toda la información a disposición del público, se llevará a cabo una “consulta popular vinculatoria”, para que sea el pueblo quien decida.
Parecería que la visión de la democracia que tiene el presidente electo es la de un niño de primaria: someter todo a votación de las mayorías. Pero no, ese tipo de “consultas populares” son uno de los mecanismos que los gobiernos autoritarios han usado para legitimar decisiones que buscan imponer.
La decisión sobre el aeropuerto, y cualquier otra donde la ciencia y la técnica tengan algo que decir, deben tomarse con base en el conocimiento de los mejores expertos disponibles. Pretender someterlas a tramposas “consultas populares” no es más que demagogia propia, sí, de gobiernos populistas.
mbonfil@unam.mx
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