Es engañoso afirmar que justicia y política no van juntas. El problema está en cuál es su relación. La justicia es un valor filosófico que se entrecruza con el tipo de Estado que buscan ser países y gobiernos.
En Estados mínimamente serios, la traducción jurídica de principios morales que se incorporan a su concepción tiene forma de reglas, leyes, límites y alcances para definir responsabilidades, imponerles costo, limitar daños, permitir el avance de la sociedad bajo las garantías que el Estado promete a sus ciudadanos, incluyendo a los culpables. El tránsito de esos elementos es más importante, en muchas ocasiones, que el resultado.
La credibilidad de la justicia comienza en sus formas. Transparencia de procesos, templanza con el contexto de cada caso. ¿Las equivalencias tienen una ruta similar? ¿Mismos tratos? Cuando diferentes, ¿qué variables anteceden al ejercicio de la justicia?
Entre los principios tótem para la inclusión positiva de la justicia en un proyecto de Estado están la prescripción y la proporcionalidad. Una impide el uso político de reivindicaciones. Si queremos encontrarle a un pasado las culpas de todos los males solo se evitará responsabilidad sobre el presente. La proporcionalidad establece que acto y condena deben ser equiparables.
Si la voluntad que utiliza la justicia lo hace para intereses ajenos a ella, así sea en apariencia, tanto en sus objetos como en los procesos, hablaremos de una aplicación sin interés en lo justo.
Permanece la imposibilidad mexicana para construir un sistema de justicia que tenga claro sus objetivos por encima del momento político. Que se gane credibilidad generalizada. Sobre todo, entre quienes no coincidan con el poder en turno. Ese es un objetivo político. ¿Nos interesa? Si la justicia contra el culpable, a quien habrá que probarle su culpabilidad, desaparece en las formas de su aplicación, qué queda de valor en la vida de los demás individuos. Responsables o no de algo. Este es otro asunto político.
No cantemos que justicia y política van separadas. La construcción de un sistema de justicia adecuado es un acto de voluntad política. La politización de la justicia, en cambio, acaba con ella y con la política misma.