Que al término terrorismo se la haya vaciado de su significado desde hace tiempo, contrario a las suposiciones que afirman el exceso retórico lleva a ignorarlo, obliga a pensar en el uso que se le da con relación a la violencia y no a sus motivaciones políticas o sociales. Incluso, si algún ocio más interesado en negar la realidad que en ella prefiere debatir la retórica inflamada sobre los efectos de la brutalidad a la que se refieren las palabras, o se detiene en defensas soberanas por encima de la captura de poblaciones sujetas a la inhabitabilidad de sus regiones.
Los simbolismos del terrorismo empleados por sus perpetradores como por gobernantes que los aprovechan para justificar posiciones ideológicas, luego convertidas en acciones políticas —como los ataques a lanchas que cuentan más de 200 muertos—, encuentran en los excesos discursivos el vehículo de negación a las víctimas con el que se desentienden responsabilidades de un Estado que se preocupe por algo más que el grupo de políticos al frente de él.
Medio millón de hogares con, por lo menos, una persona desplazada por violencia o inseguridad, son el retrato de un país que no se acomoda a la conversación pública secuestrada por un gobierno que pone en duda el horror a la vista.
Como ocurrió con los desparecidos, ninguna sorpresa cabrá si una nueva encuesta reduce las cifras hasta hacerlas digeribles. ¿Cuántas víctimas de desplazamiento forzado son admisibles para Palacio? ¿Para la población? ¿Para los medios?
En las postales detestables de un país como México se asoman algunas de las razones atrás de la ligereza incendiaria de Trump en Naciones Unidas. Otras, son el poco costo que tiene un elemento de coincidencia bipartidista casi sin importancia para sus próximas elecciones.
La cooperación entre países está, pero por más capturas y decomisos en estado ontológico de ser y no ser, su conjunto, ya sea por incapacidad —la ineptitud es una cualidad que frecuentemente se desatiende en política— o por voluntad, el gobierno mexicano no puede cambiar la realidad y percepción que imponen más de dos años de conflicto armado interno en Sinaloa o más de medio millón de casas con gente que huyó para intentar salvarse.