La pacificación del país es un anhelo de todos los mexicanos. Sin ella, entre otros efectos, el ejercicio y goce de los derechos humanos se ven restringidos.
Las personas de 18 años o menos solo conocen un país en el que se convive en mayor o menor medida con cierta sensación de inseguridad. Y quienes contamos más años tenemos la impresión de que desde hace más de dos décadas perdimos esa aceptable tranquilidad pública que sentíamos en nuestra infancia y juventud.
Así pues, más allá de culpas, diferencias políticas o ideológicas, visiones generacionales o condiciones económicas, todos queremos un país en paz.
El gran activador de los derechos humanos es el acceso efectivo al goce y ejercicio de todos los derechos, empezando por el derecho a la vida, a la paz pública y al libre desarrollo.
Por ello es alentador percibir señales de un nuevo paradigma en las políticas públicas y en las leyes de seguridad. Con una inercia tan fuerte es poco probable que todo cambie repentinamente, como si de un milagro se tratara. Pero es indispensable que el cambio comience.
En estos casi dos meses y medio se han logrado detenciones relevantes de criminales, han comenzado a verse resultados de investigación, como en el caso del operativo Enjambre, y hay decomisos importantes de drogas y armas, lo que se ha concretado más por acciones de inteligencia de Estado y golpes de precisión, que por enfrentamientos.
Ante la ola de violencia en Sinaloa, que ha cobrado la vida de más de 500 personas y en la que se ha privado de la libertad a otras 600, llama la atención positivamente que Omar García Harfuch ponga el acento en labores de inteligencia y que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, envíe un mensaje de compromiso al ubicarse en esa entidad, que requiere la mayor atención y eficacia.
En ese contexto, una trascendente reforma constitucional, que fue aprobada por unanimidad tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, dio un interesante giro al facultar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para formular y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Esto es muy importante e implica necesariamente la coordinación con las corporaciones de Defensa, Guardia Nacional y policías locales, así como la colaboración con la Fiscalía General de la República en la investigación de delitos y el cumplimiento de órdenes de aprehensión.
Así, aunque la SSPC ya no dispone directamente de una corporación policiaca, cuenta con los instrumentos jurídicos para incidir de modo determinante en la seguridad, lo que se refuerza con la responsabilidad que le fue asignada de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública, un punto de inflexión en la prevención, investigación y persecución de los delitos.
A los integrantes del crimen organizado no se les puede ni debe tratar con flores, pero ello no implica optar indiscriminadamente por la vía de las armas, sobre todo por los lamentables efectos colaterales que todos conocemos del pasado. Debe combatírseles, sí, pero con inteligencia y, cuando sea necesario, con la fuerza.
En un Estado de derecho, el ejercicio del monopolio de la fuerza legítima siempre será una opción. Es de reconocerse, sin embargo, que el principal recurso, en esta nueva etapa, sea el trabajo de inteligencia, que hace posible acciones más precisas y efectivas en el proceso, probablemente largo, de la tan anhelada pacificación del país. Lograrlo permitiría el ejercicio y goce de derechos humanos que, durante largo tiempo, se han visto limitados de facto.