La relación entre dos personas, principalmente si se trata de padre e hijo, de origen establece la aceptación de obediencia del hijo al padre, desde pequeño se acepta tácitamente esta relación. Y así sucede al crecer en la vida en familia y luego en la comunidad, cuando tiene consecuencias políticas. Todo sistema político se basa en la aceptación de la obediencia entre sus miembros, primero por la costumbre y luego por la aplicación de la ley.
Cuando el ser humano se organiza en sociedad, la costumbre se alinea en códigos y leyes, que muestran el carácter intrínseco de un pueblo, su espíritu en términos de Montesquieu, que se transmite de generación en generación.
La propiedad de la tierra determinó la medición, escrituras y reglamentos, lo que favoreció el ejercicio de la dominación social, que luego pasó al aparato del poder político que se apropió del monopolio de la violencia legítima. De ahí surge la justificación de la obediencia de la ley, en primer término, porque en un sistema democrático, los ciudadanos nos damos esa ley, que nos debe proteger de la violencia entre nosotros, es decir, porque nos conviene; en segundo término, porque quien viola la ley debe recibir un castigo ejemplar.
En la vida cotidiana, la mayoría ciudadana cumplimos la ley de forma voluntaria y pacífica, generalmente por costumbre, por hábito que se forma en lo que se llama educación cívica.
Así, la fortaleza del Estado depende en gran parte de ese hábito por cumplir la ley, más que por el castigo. Es una especie de convivencia diaria como confirmación de aceptación libre. De ahí la gran responsabilidad del legislador de ser capaz de suscitar en la ciudadanía el hábito del cumplimiento de la ley.
Cuando esta conducta no funciona se reconoce como un Estado fallido que se precipita a la anarquía hasta llegar a la rebelión y la revolución para recuperar su poder.
Es el riesgo que se observa ante la creciente ola de inseguridad y delincuencia, y no se diga cuando aparece la agresión a las fuerzas del orden, que además, lamentablemente han llegado a sucumbir a la tentación del dinero y se corrompen.
Por eso la urgencia de recuperar esa capacidad de respeto, de obediencia y cumplimiento de la ley. Como alguna ocasión escuché: los hábitos de obediencia en una familia son fundamentales para que la familia perdure y progrese; y esos hábitos de obediencia democrática en los ciudadanos hacen hasta 90% del trabajo de gobernar. Esa capacidad es la que debemos recuperar, aplicando la ley. A partir de la confianza y respeto en la autoridad.