Este jueves se registró el actual coordinador de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL, David Emmanuel Castillo Martínez, como aspirante a ocupar la dirección, tras la convocatoria publicada el pasado lunes 27 de abril. El periodo para inscripciones vence el próximo 4 de mayo y hasta ahora es el único que ha mostrado interés en participar.
Más allá de que sea “el orgullo del nepotismo” de Mario Garza, secretario General de la universidad, David es doctor en Derecho Constitucional y Gobernabilidad con mención honorífica Summa Cum Laude, pero además tiene dos maestrías, una en Derecho con Orientación al Trabajo y otra en Derecho Corporativo.
Es decir, se trata de un académico con experiencia, y que cuenta con apoyo de maestros y estudiantes, que lo acompañaron ante la Comisión de Vigilancia Electoral, en espera de conocer si tendrá rival o será candidato sin oposición, lo cual está por verse de aquí hasta el cierre, cuyo plazo se vence el próximo lunes.
Mientras eso sucede, una estudiante de FacDyC, quien asegura sentirse vulnerada porque supuestamente no fue tomada en cuenta por la sociedad de alumnos en el proceso para designar la nueva dirección de la escuela, presentó una solicitud de amparo ante la justicia federal.
En redes sociales, la joven Arlen Alenday Cabrera Ramírez, quien cursaba el tercer semestre, acudió ante los tribunales colegiados de distrito para interponer una solicitud de suspensión provisional y definitiva (ad cautelam), es decir, con carácter de urgente, debido a que la convocatoria tiene fecha de vencimiento y así evitar “daños irreparables”.
Lo que argumenta es que la Mesa Directiva de Alumnos violó los principios de representación democrática, certeza, objetividad y participación estudiantil, ante la falta de quórum.
El acto reclamado es por la emisión, aprobación, firma, publicación, difusión y orden de ejecución de la convocatoria de fecha 27 de abril para la integración de la representación estudiantil por parte del presidente de la Comisión de Vigilancia Electoral.
Según el recurso interpuesto por Cabrera Ramírez, pretende que cause efecto su petición, a fin de frenar la evaluación, designación, notificación, formalización y reconocimiento de los tres representantes estudiantiles.
Para la autoridad federal, en algunos casos, la Universidad no ha sido considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que llevaría a la improcedencia de tal recurso. Por si fuera poco, ella misma reconoce que se encuentra suspendida y eso la desacredita legalmente para presentarlo.