Apesar de que tiene un doctorado en Derecho por la UANL, al gobernador Samuel García no le gusta apegarse a las leyes que lo obligaban a rendir su Primer Informe de Gobierno, y bajo el argumento de encontrarse en el extranjero eludió ese requisito constitucional.
Tampoco es excusa, como lo dijo su secretario de Gobierno, Javier Navarro, que solo podría presentarlo en días hábiles, porque el Ejecutivo estatal es de tiempo completo y en ese sentido la Constitución es clara en cuanto a los términos para cumplir con esa obligación que finalmente evadieron (Artículo 194).
En realidad lo que Samuel no quería era acudir al recinto legislativo para evitar a los diputados de los partidos opositores (PRI y PAN), con quienes trae una confrontación que parece continuará mientras siga al frente del Gobierno estatal.
Tal vez en el fondo pueda tener razón porque el Congreso del Estado sigue “secuestrado” políticamente por los partidos del Frente, que vienen arrastrando un desprestigio y eso es vox populi.
Sin embargo, los funcionarios públicos, y eso lo sabe muy bien el gobernador, deben apegarse a los mandamientos de la ley, y de no hacerlo, podrían ser sancionados. Es decir, deben predicar con el ejemplo siempre y bajo cualquier circunstancia.
Este Gobierno del nuevo Nuevo León piensa que con pautar anuncios en las plataformas digitales es más que suficiente, pero está equivocado. Por mucho alcance que garanticen, para efectos legales eso de nada le sirve.
Por cierto, abro paréntesis para decir que el gasto en Facebook (Meta) para difundir el informe es cuantioso. Tiene corriendo más de mil anuncios, han invertido más de 4 millones 130 mil 457 pesos en la semana del 11 al 17 de octubre.
Aunque eso no me extraña porque a Samuel le gusta meterle eso y más, pues de agosto de 2020 a octubre de 2023 ha gastado 28 millones 320 mil 307 pesos, esto según el reporte de la Biblioteca de Anuncios de la red social.
Le guste o no tendrá que verles la cara a los diputados si pretende buscar una posible candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano, y eso lo establecen los artículos 120 y 122 de nuestra Constitución local.