A nivel nacional, el gobierno de Puebla es de los que mayor impulso le ha dado a la rehabilitación de carreteras, con el objetivo de garantizar una mejor conectividad. Para ello, según datos del gobernador Alejandro Armenta Mier, han adquirido al menos 13 trenes de pavimentación.
De entrada, les quitó el pretexto a los alcaldes que no podrán contratar obras a sobrecosto, o como dicen por acá la "milpa", donde reparten mil para el constructor y otra cantidad igual para los políticos corruptos.
Armenta encabezó ayer la firma de un convenio de colaboración con los ayuntamientos de Izúcar de Matamoros y Chiautla de Tapia, mediante el cual un equipo permanecerá de manera exclusiva en la región durante el resto de su administración.
Este es el segundo acuerdo que se firma en el estado, y eso permite hacer más con menos, y optimizar los recursos públicos, así como ampliar el alcance de las obras.
En estos 13 trenes de pavimentación invirtieron 900 millones de pesos. Es decir, no solamente no hay manera de hacer negocio, sino que están obligados a transparentar el presupuesto.
Esto ha sido gracias a la recuperación de huachicol, y al apoyo del gobierno federal, que ahora pasó a ser un referente nacional en el combate a ese delito, aunque ha contado con la coordinación con Marina, Defensa y Guardia Nacional.
En el evento de este martes, se anunciaron los trabajos para la construcción y rehabilitación de 35.6 kilómetros del tramo carretero San Carlos-Chiautla de Tapia, con una superficie de intervención de 234 mil 755 metros cuadrados y una carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor.
La obra se desarrollará en dos etapas: la primera, de Chiautla de Tapia a San Martín La Flor, y la segunda, de San Martín La Flor a Izúcar de Matamoros. En conjunto, equivale a la pavimentación de 671 calles y beneficiará directamente a más de 155 mil habitantes de 16 localidades.
Lo ocurrido ayer en ocho puntos de la zona urbana da al traste con todo ese esfuerzo del gobierno. En alguno de esos lugares, los inconformes había personajes de dudosa reputación.
Por ningún motivo, el estado debe permitir que supuestos inconformes se apoderen de nuestro tiempo, pues hay indicios de que son alentados por los grupos criminales para desestabilizar y generar caos.