En el año 2012, la última vez que se hizo un ajuste del dos al tres por ciento, el Impuesto sobre Nóminas en Nuevo León representaba el 25.6 por ciento de los ingresos propios del estado. Para el año 2018 alcanzó el 43.3 por ciento.
Solo de 2012 a 2013 se incrementó cerca del 55 por ciento, es decir, pasó de 3 mil 221 millones de pesos a 4 mil 988 millones. A partir de ahí, cada año fue incrementándose hasta llegar a los 8 mil 304 millones de pesos en el 2018.
De ese tamaño es la discusión que se viene entre la iniciativa privada y el Gobierno, y que este jueves pasó al terreno mediático, luego de la conferencia de los dirigentes de las principales cámaras y organizaciones del estado, tras la intención de subir el ISN del tres al cuatro por ciento para el 2026.
Afirman que esta medida tendría un impacto en la capacidad económica de las empresas, y que de concretarse, nueve de cada 10 empresas verán un incremento en sus costos laborales, lo cual provocaría que 48 por ciento de las pymes suba sus precios y otro 26 por ciento reduzca o cancele sus inversiones.
En 2023, la revista especializada Economía, Teoría y Práctica publicó un extenso artículo sobre los “Efectos del impuesto sobre nóminas en la economía de Nuevo León. Un modelo de precios insumo-producto extendido”, donde explica las repercusiones que causó el aumento del dos al tres por ciento hace más de una década.
Los investigadores Nelly Cristina Ramírez Grimaldo, Joana Cecilia Chapa Cantú y Juan Rositas Martínez concluyen que el impuesto en cuestión impacta de manera diferenciada a las actividades económicas.
Los sectores productivos que ven incrementados en mayor proporción sus costos y con ello los precios a los que venden sus servicios, son aquellos que tienen tasas efectivas más altas y destinan una importante parte de su producción al pago de la nómina como servicios comunales, sociales y personales; comercio, restaurantes y hoteles; y agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.
En su amplio estudio, señalan que solo de 2013 a 2016, mil 051 empresas interpusieron amparos contra el pago de este impuesto, pero de éstas, solo 184 los ganaron, por lo que el Gobierno de Nuevo León devolvió 226 millones de pesos.
Es decir, el tema es sumamente complicado porque podría tener serios efectos en la economía estatal, y además en estos momentos el horno no está para bollos.