La historia de mis compañeros Leslie Mora y David Meléndez sobre los 12 infantes que viven con sus madres en el penal de Ciudad Serdán, reactivó la discusión sobre la Ley de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Puebla que se encuentra en la congeladora desde hace meses.
En ella nos relatan la situación que viven en el interior del centro penitenciario, y aunque a simple vista viven en condiciones mediamente dignas, tampoco es lo ideal y quienes tenemos algo de sensibilidad nos llama la atención el doble sacrificio de las reclusas 1) para soportar el encierro, y 2) el esfuerzo para obtener recursos que les permitan criar a sus hijos en esas condiciones.
Según la nota de David, la propuesta fue presentada desde marzo por la diputada morenista, Yolanda Gámez Mendoza, y propone establecer una vigilancia coordinada entre las autoridades penitenciarias y la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para proteger a los infantes que están con sus madres dentro de un centro penitenciario.
Además de vigilar y coordinarse para proteger a esos niños y niñas que están en un ambiente no deseado para nadie, incluye que el Estado se haga cargo de los gastos que generan, porque las propias reclusas lo tienen que hacer sin ayuda oficial.
La iniciativa plantea que: “En el caso de los infantes que están en las cárceles con sus madres, sus necesidades básicas como alimentación o artículos para la higiene deben ser cubiertas por los propios familiares o en su defecto por algunas asociaciones civiles, no obstante que en la mayoría de los marcos legales estatales se establece que los centros penitenciarios están obligados a asignar recursos para cubrir dichas necesidades”, se menciona.
Es injusto que esas mujeres no tengan el apoyo de alguna institución gubernamental, pues nadie quisiera estar en sus zapatos, y con todo en contra, hacen lo posible a su alcance para darles una mejor calidad de vida.
Hay iniciativas en ese mismo refrigerador legislativo como la del aborto, son mucho más complejas por lo que ningún partido ha querido enfrentar el costo político que representa, pero la protección de esos inocentes debe ser prioritario y tampoco les cuesta nada acelerar el tema como un acto de elemental humanidad.